Espacio público: Blás plantea intervención estatal y prioridad de derechos colectivos

El senador nacionalista por Maldonado sostuvo que el Estado debe regular, ordenar y actuar ante los usos indebidos del espacio público, y afirmó que los derechos colectivos deben prevalecer sobre situaciones que restrinjan el acceso de la mayoría.

El planteo introduce un criterio claro sobre el rol del Estado en un terreno sensible: el uso del espacio público. En un texto difundido en su cuenta de X, Rodrigo Blás cuestionó que garantizar el orden sea incompatible con la sensibilidad social y defendió la intervención del Estado como condición para asegurar derechos.

“En los últimos años se ha instalado una idea tan extendida como equivocada: que garantizar el orden en el espacio público es incompatible con la sensibilidad social. Nada más lejos de la realidad”, afirmó.

El senador ubica el eje en la naturaleza misma del espacio público, como ámbito concreto de igualdad. “Es la vereda por la que camina un trabajador, la plaza donde juega un niño, la calle que conecta la vida cotidiana de una comunidad”, describe, y sostiene que su defensa implica “uno de los derechos más básicos e igualitarios que tiene la ciudadanía”.

A partir de esa base, plantea una responsabilidad estatal que excede la formulación de derechos. “No alcanza con enunciar derechos; hay que garantizarlos. Y garantizar implica regular, ordenar y, cuando corresponde, intervenir”, señala.

Blás inscribe esa función dentro de la tradición jurídica del Estado. “Esto forma parte de lo que la tradición jurídica denomina función de ‘Estado policía’: no como una expresión de autoritarismo, sino como la capacidad legítima de proteger el interés general y hacer cumplir las reglas que nos permiten vivir en sociedad”.

El planteo avanza sobre las consecuencias de la inacción. “Cuando el Estado se retira, no desaparecen los problemas: se agravan. Y el espacio público deja de ser un ámbito de igualdad para convertirse en un territorio de apropiaciones de hecho”, sostiene.

En ese marco, fija una jerarquía explícita entre derechos:
“Los derechos colectivos deben prevalecer sobre los usos indebidos que restringen el acceso y disfrute de la mayoría”.

La definición introduce un eje de fondo sobre cómo abordar situaciones en las que el uso del espacio público genera restricciones para terceros, en un contexto donde la gestión de estos espacios forma parte de la agenda cotidiana tanto a nivel departamental como nacional.

Blás distingue además entre intervención social y regulación. “Una cosa es la política social, que debe ofrecer alternativas reales de asistencia e inclusión; otra, distinta, es la regulación del uso del espacio público”, plantea, y advierte que “confundir estos planos ha llevado, en muchos casos, a la inacción”.

“Un Estado serio no enfrenta sensibilidad y orden. Los integra. Asiste donde hay vulnerabilidad, pero también actúa donde hay desorden”, agrega.

El texto cierra con una definición categórica sobre el rol estatal en este campo: “Defender el espacio público no es una opción. Es una obligación”.

El planteo deja planteado un eje de discusión sobre el alcance de la intervención estatal y la jerarquización de derechos en el uso del espacio público, en un terreno donde confluyen convivencia, regulación y políticas sociales.