Blás lleva al Senado proyecto para desalojar ocupaciones en espacios públicos y aplicar sanciones

La iniciativa prohíbe la permanencia en calles, veredas y plazas cuando implique el asentamiento y la ocupación indebida del espacio público. También habilita la intervención policial, con traslado de personas, y establece un régimen progresivo de sanciones.

El senador nacionalista por Maldonado, Rodrigo Blás, presentó en el Senado un proyecto de ley que establece un marco legal específico para regular el uso del espacio público y habilitar la intervención estatal ante ocupaciones indebidas.

La iniciativa, titulada “Regulación del Uso del Espacio Público y Prevención de su Utilización como Permanencia o Asentamiento”, establece una definición central que estructura el proyecto: “Se prohíbe la ocupación del espacio público con fines de permanencia, asentamiento o utilización habitual que exceda el uso normal, ocasional y transitorio”.

A partir de ese criterio, el proyecto considera ocupación indebida tanto la permanencia prolongada como la instalación de objetos o el uso del espacio público como lugar de descanso habitual. No requiere la existencia de estructuras formales para que se configure la infracción.

Facultades de intervención y rol policial
El texto no se limita a definir conductas, sino que establece herramientas concretas de actuación para las autoridades. Otorga a los gobiernos departamentales la potestad de intervenir ante ocupaciones indebidas, incluyendo el retiro de pertenencias, el desmantelamiento de instalaciones precarias y la restitución del espacio a su uso común.

Los procedimientos deberán documentarse y garantizar la custodia de los bienes retirados. Además, se incorpora un rol activo para la policía, que podrá intimar a las personas a retirarse e impedir la instalación o permanencia indebida.

En caso de incumplimiento, el articulado habilita medidas más contundentes: “Podrá disponerse el cese de la ocupación y el traslado de las personas”.

Ese traslado deberá realizarse con derivación a refugios, centros de salud u otras dependencias, según la situación de cada persona.

Sanciones y criterios de reincidencia
El proyecto incorpora un régimen de infracciones que establece consecuencias concretas para quienes ocupen indebidamente el espacio público. El texto prevé una aplicación progresiva de sanciones en función de la gravedad de la conducta.

“Las infracciones podrán dar lugar a apercibimiento, multa, retiro de pertenencias o desalojo”, señala el articulado.

Asimismo, se establece la reincidencia como agravante y se habilita la adopción de medidas inmediatas en caso de incumplimiento de las intimaciones o de persistencia en la ocupación.

Orden público y abordaje social
Uno de los ejes del proyecto es la diferenciación entre la regulación del espacio público y la atención a situaciones de vulnerabilidad. El texto reconoce que muchas ocupaciones están asociadas a contextos sociales complejos, pero establece que esa realidad no puede traducirse en la apropiación permanente del espacio público ni en la restricción de los derechos de terceros.

En ese marco, prevé la coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el INAU y los gobiernos departamentales para asegurar la derivación y el seguimiento de los casos.

El proyecto establece, además, un criterio explícito de intervención: “Deberá priorizarse la derivación y la asistencia por sobre las medidas sancionatorias”.

Del planteo público al proyecto de ley
La iniciativa traslada al plano legislativo una posición que Blás había expuesto días atrás y que fue recogida por Punta News en una nota previa. En ese planteo, el senador sostuvo que el Estado debe regular, ordenar e intervenir en el espacio público y que los derechos colectivos deben prevalecer sobre los usos indebidos.

También afirmó que “no alcanza con enunciar derechos; hay que garantizarlos”, una afirmación que ahora se traduce en un proyecto con mecanismos concretos de actuación.

“El espacio público es de todos. Defenderlo es garantizar un derecho básico de la ciudadanía”, señaló al presentar la iniciativa.

El proyecto entra en debate parlamentario
El proyecto ingresó al Senado este lunes 7 y abre una discusión que combina el orden público, los derechos colectivos y las políticas sociales. El texto articula definiciones jurídicas, así como herramientas de intervención y de coordinación institucional.

Con ese enfoque, la iniciativa traslada al plano normativo un problema que ahora pasa a discusión parlamentaria con herramientas concretas de intervención estatal.