Ocupaciones en foco en Maldonado: 32 padrones intimados, más de 20 bajo investigación y 300 casos críticos

32 padrones intimados en un mes, más de 20 bajo investigación fiscal y al menos 300 casos críticos configuran un escenario de presión creciente por ocupaciones en Maldonado.

El trabajo policial en la zona oeste del departamento se intensificó durante marzo, a partir de denuncias por ocupaciones irregulares en Sauce de Portezuelo y Ocean Park, bajo las directivas de la Fiscalía de 5.º Turno. En ese marco se realizaron citaciones, relevamientos y operativos interinstitucionales, con múltiples intervenciones aún en curso.

Los nuevos datos amplían el escenario ya expuesto por Punta News, cuando un procedimiento coordinado con la Fiscalía derivó en siete desalojos en la zona oeste y abrió líneas de investigación sobre más de una veintena de padrones. Desde entonces, las actuaciones no se detuvieron: se profundizaron las tareas de seguimiento y se incorporaron nuevos casos en análisis.

En paralelo, uno de los predios ocupados fue intervenido con apoyo del Municipio de Piriápolis, donde se retiraron cuatro camiones de residuos y estructuras precarias, en una señal de que las ocupaciones no solo generan conflicto legal sino también impacto territorial directo.

Las intervenciones no se limitan a la zona oeste. Días atrás, un operativo conjunto entre la Policía y la Intendencia permitió desmantelar un campamento irregular en San Rafael, donde se retiraron tres camiones de residuos y se destruyeron estructuras precarias tras una denuncia vecinal, en un procedimiento que se inscribe en la misma línea de actuación frente a ocupaciones detectadas en distintos puntos del departamento.

Pero el dato operativo es solo una parte del problema. Desde la Intendencia de Maldonado, advierten que la dinámica actual supera la lógica de la intervención puntual. “Ha habido una explosión de ocupaciones en el último mes y medio. Impresionante”, afirmó el director de Vivienda y Desarrollo Barrial, Alejandro Lussich, al describir un fenómeno que se repite en distintos puntos del departamento.

Según el jerarca, el esquema actual combina ocupaciones, desalojos y reincidencia casi inmediata. “Sacamos a la gente, limpiamos, cerramos y vuelven al rato. Es tirar un balde de agua al río”, sostuvo. Y agregó: “Hay gente que la sacamos todas las semanas del mismo lugar”.

El diagnóstico incorpora, además, un componente más complejo. Lussich señaló que muchas de las situaciones no responden exclusivamente a la necesidad habitacional, sino que conviven con otros factores como adicciones, problemas de salud mental y personas recientemente liberadas, lo que exige una respuesta más amplia del Estado. “No se está aplicando la ley de faltas y falta una respuesta coordinada”, afirmó.

En ese contexto, el sistema enfrenta un núcleo crítico de aproximadamente 300 casos que concentran las situaciones más urgentes. “Estamos hablando de niños con enfermedades complicadas, situaciones de abuso, mujeres golpeadas, hogares monoparentales con enormes dificultades”, detalló el jerarca al explicar el criterio de priorización.

Entre desalojos, intimaciones y reincidencias, el fenómeno dejó de ser una suma de casos aislados y pasó a instalarse como un problema persistente en el territorio.