Los expresidentes de la Junta Darwin Correa y José Luis Sánchez fueron formalizados por delitos de corrupción pública

En una extensa audiencia cumplida este miércoles en el Centro de Justicia de Maldonado, que incluyó el elemento sorpresa de la no comparecencia del tercer vinculado a esta causa, Alexandro Infante (ver nota aparte), el fiscal Jorge Vaz logró la formalización de los expresidentes blancos de la Junta de Maldonado. La jueza Gabriela Azpiroz dio vía libre a la investigación por la que Vaz intentará probar, en juicio oral y público a celebrarse en los próximos meses, que Correa y Sánchez cometieron delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público. Para ambos imputados se impusieron medidas cautelares, no privativas de su libertad, para asegurarse la sujeción a la investigación.

Como informó Punta News, la audiencia comenzó 45 minutos más tarde del horario programado y con el elemento inesperado de la ausencia de Alexandro Infante. Sustanciada una primera parte que tuvo que ver con la no comparecencia del tercer implicado en la investigación, el titular de la fiscalía de 5.º turno de Maldonado comenzó a relatar a la jueza los hechos investigados y los elementos y evidencias recabados que confluirían en la imputación pretendida para Correa y Sánchez.

En líneas generales, la teoría del caso que expuso el fiscal Jorge Vaz apuntó a una maniobra en la que cada imputado tuvo un rol y que permitió, en definitiva, que dineros públicos de la Junta de Maldonado fueran a parar en la cuenta bancaria del edil José Luis Sánchez.

Vaz explicó que la falta de apego a cuestiones administrativas, el no cumplimiento con normas que rigen la contratación pública y el apartamiento de las normas de ética para la función pública, entre otros elementos, había posibilitado que se "pergeñara" una "maniobra", "ardid" dijo más tarde, que perjudicó económicamente a la Junta Departamental.

LA MANIOBRA SEGÚN EL FISCAL
Con el apoyo de un esquema que se iba proyectando en una pantalla de la sala de audiencias especiales, Vaz fue exponiendo cómo, a su criterio, se desarrollaron los hechos y la participación de cada implicado.

De acuerdo con la investigación, los hechos se generaron durante 2023, año en el que el presidente era Darwin Correa. A lo largo de varios meses, Correa —como presidente y por ende ordenador primario de gastos de la Junta— contrató varios trabajos en el rubro de mantenimiento en general, luminarias, reparaciones en oficinas, arreglos en fachada, fluviales y desagües, reparaciones en bancadas del Partido Nacional y Frente Amplio, entre otros.

Para cada una de estas contrataciones, agregó Vaz, no se hizo llamado a licitación, no hubo competencia de precios ni convocatoria a eventuales interesados en realizarlas, sino que fueron todas compras directas, ordenadas por el presidente de turno y que, además, fueron todas contratadas a una misma empresa, unipersonal, cuyo titular es Ramón Sosa Lascano.

El fiscal sostuvo también que, en cuanto a la concreción de los trabajos contratados, a lo largo de su investigación no surgían evidencias de que efectivamente se hubiese dado cumplimiento a lo pactado y, además, agregó que el propio Ramón Sosa Lascano, en declaración en fiscalía, había explicado que nunca realizó trabajos en la Junta y por lo tanto, ninguna de las tareas. En la misma declaración, Sosa dijo que el entonces edil José Luis Sánchez le había pedido facturas en blanco de su empresa.

Por otro lado, Vaz también hizo referencia a que Facundo -hijo de José Luis Sánchez- en su declaración en fiscalía contó que una noche de sesión del legislativo, durante un cuarto intermedio, su padre mientras lo llamó y le pidió su número de cuenta bancaria para que pudieran depositarle allí unos "trabajos de la Junta". El relato fiscal continuó diciendo que el hijo no recibió mayores detalles y que fue más adelante, durante una confrontación con su padre, que éste reconoció que el asunto se trataba de una "maniobra" por la cual se derivaba dinero público. Cabe agregar que el dinero que llegaba a la cuenta bancaria de Facundo Sánchez era transferido por este a la cuenta de su padre, el edil José Luis Sánchez.

Vaz mencionó varias veces, apoyándose en declaraciones de distintas personas que fueron indagadas en fiscalía, que las tareas contratadas nunca se realizaron y que eran una fachada para captar dinero de la Junta que terminaba en la cuenta personal del edil Sánchez.

Correa como presidente ordenaba la contratación, la empresa Ramón Sosa Lascano ejecutaba la obra y presentaba la factura correspondiente, de nuevo intervenía el presidente y autorizaba el pago y la Junta depositaba el importe en la cuenta que figuraba al dorso de cada factura, en letra manuscrita, y que correspondía a Facundo Sánchez; una vez que recibía el depósito, Facundo lo transfería a su padre.

Vaz también explicó que se trataba de un total de ocho facturas que se habían pagado bajo esa modalidad, correspondientes a tareas contratadas por Correa, supuestamente ejecutadas por Sosa y pagadas a la cuenta de Facundo Sánchez. El fiscal dijo que la suma total que la Junta de Maldonado le depositó a Facundo Sosa, basada en las facturas presentadas de la empresa Sosa, ascendía a 1.474.313 pesos; de ese dinero, Facundo transfirió a José Luis 1.307.000 pesos. Sobre la diferencia no se hizo mención.

En el contexto general, y si bien por la ausencia de Infante el fiscal obvió el detalle de su participación, se confirmó también que otras dos facturas se abonaron, pero durante la presidencia siguiente, la que comenzó en diciembre de 2024 y cuyo titular fue, justamente, Alexandro Infante. En ese caso, no obstante, hay diferencias con las situaciones anteriores.

El propio Infante declaró en fiscalía que unos días después de asumir la presidencia, el edil José Luis Sánchez le envió un audio de Whatsapp en el que solicitaba el pronto pago de una factura de la empresa Ramón Sosa Lascano por un importe de 168.000 pesos. Infante aportó a la carpeta de la investigación ese audio y explicó que se trataba de la última tarea contratada por el presidente Darwin Correa a Sosa y que, por el cambio anual de la mesa de autoridades del legislativo, había quedado sin abonar. Tras algunas cuestiones administrativas que incluyeron una refacturación, Infante firmó el pago de esa factura y dio vía libre a que se abonara de la misma forma que las anteriores: a la cuenta de Facundo Sánchez, extremo que Infante declaró desconocer.

La última factura de la empresa Ramón Sosa Lascano tiene otros ribetes: se trata de un importe de 115.000 pesos correspondiente a un trabajo de hidrolavado exterior de la Junta, contratado por Alexandro Infante como presidente, pero que no lo realizó la empresa Sosa. El asunto es que otro empresario, de las mismas características que Sosa, identificado como Gutiérrez por el fiscal, se reunió en determinado momento con Infante y le planteó la posibilidad de acceder a realizar alguna tarea para la Junta en las áreas en las que él podía dar servicios. Convinieron en que presentara un presupuesto por hidrolavado exterior, se le aceptó la oferta y fue contratado de forma directa.

El trabajo de Gutiérrez es el único que Vaz no cuestiona como no realizado, ya que el propio Gutiérrez, cuando fue llamado a declarar en la fiscalía, aportó material gráfico que demostraba la concreción de las tareas. Sin embargo, a la hora de presentar la factura correspondiente en el área financiera contable y así posibilitar el cobro del trabajo, Gutiérrez habría manifestado no tener facturas. Llegado a este punto, la "solución" llegó por el lado de José Luis Sánchez, que aportó una factura de Ramón Sosa Lascano para que por esa vía se pagara a Gutiérrez.

De cualquier forma, en este caso, el importe a pagar no fue a la cuenta de Facundo Sánchez ni este lo derivó luego a su padre José Luis; los 115.000 pesos fueron abonados a Gutiérrez directamente.

Para el fiscal Vaz, la suma de todas las acciones e inacciones de los presidentes, más la participación de Sánchez, generó afectación del patrimonio económico de la Junta. Esos fundamentos llevaron a que pidiera la formalización de Darwin Correa por la presunta comisión de un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público, en calidad de autor. Para José Luis Sánchez solicitó la formalización por la presunta comisión de los mismos delitos y agravantes, pero ambos en calidad de coautor.

LAS DEFENSAS
Tras el relato fiscal, fue el turno de los defensores de José Luis Sánchez y Darwin Correa. En ambos casos, las defensas se opusieron a la formalización solicitada por el fiscal para sus patrocinados y argumentaron en ese sentido.

El abogado de Sánchez, Dr. Fernando Posada, apuntó a que los hechos presentados por el fiscal correspondían a reproches administrativos y no penales; se basó en el informe que la Junta de Maldonado -en el marco de la comisión investigadora que en su momento se conformó cuando trascendieron las primeras denuncias- contrató al catedrático Augusto Durán Martínez en el que se concluye que no hubo irrregularidades en la forma de contratación; argumentó que los procedimientos siempre fueron controlados por las secciones administrativas correspondientes de la Junta y recordó que no está prohibido que un titular de una empresa contratada designe una cuenta bancaria que no le pertenezca para que se le depositen haberes que tenga para cobrar.

Posada también hizo hincapié en que la fiscalía no había acreditado que los trabajos contratados no se habían realizado y que, igualmente, no se había acreditado el daño a la administración; por esas razones no compartía la imputación pretendida por fraude y tampoco la de falsificación ideológica por funcionario público. "No se sustentan los delitos tipificados", aseguró.

Por su parte, el Dr. Álvaro Garcé, en representación de Correa, también se opuso a la formalización solicitada para su cliente, hizo suyos los argumentos del Dr. Posada y sumó que en las declaraciones de funcionarios de la Junta que se tomaron en fiscalía no se dijo nunca que los trabajos contratados no se hubiesen realizado. También hizo referencia a imágenes que Correa, durante su declaración voluntaria en fiscalía, había mostrado y en las que se acreditaría la realización de los trabajos contratados.

Ambas defensas, poco después, insistieron en que la fiscalía estaba interpretando erróneamente algunas declaraciones para tipificar y pedir la formalización.

RESOLUCIONES Y CAUTELARES
Tras el debate argumental de las partes, la jueza Azpiroz resolvió dar vía libre a la solicitud del fiscal en cuanto a la formalización de Correa y Sánchez, en los términos solicitados por el Dr. Vaz y las defensas anunciaron que interpondrían recurso de apelación contra el auto de formalización de la magistrada.

En cuanto a las medidas cautelares, el fiscal solicitó las previstas para asegurarse la sujeción a la investigación de los imputados: fijación de domicilio que no podrá ser modificado sin aviso al juzgado, presentación ante la seccional policial correspondiente a ese domicilio fijado una vez por semana, prohibición de salir del país y retención de los documentos de viaje. Todas las medidas fueron solicitadas por el plazo de 90 días.

La Dra. Azpiroz resolvió a favor del pedido cautelar de fiscalía y las defensas no plantearon oposición.


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