El homicida de Valentina Cancela sigue recluido y estudia a distancia: FCEA respondió a la polémica por su actividad universitaria

La aparición del nombre del condenado en registros académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración desató cuestionamientos en redes sociales sobre su situación judicial, la modalidad en que cursa y los protocolos previstos ante un eventual ingreso al centro universitario. Las publicaciones cobraron fuerza tras el ataque sufrido esta semana por una estudiante de Medicina y algunas llegaron a afirmar que el homicida de Valentina Cancela concurría habitualmente a la Facultad o que estaba en libertad. Desde INISA se confirmó que sigue recluido y que estudia a distancia. FCEA respondió a los planteos y reconoció que la presencia de una persona privada de libertad puede generar “incomodidad, miedo e inseguridad” entre los integrantes de su comunidad.

La polémica comenzó a crecer en redes sociales después de que circularan capturas de documentación académica de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) en las que figuraba el nombre del joven condenado por el homicidio de Valentina Cancela.

A partir de esos registros se multiplicaron publicaciones que afirmaban que concurría presencialmente a estudiar a la Facultad y planteaban interrogantes sobre las condiciones de seguridad para el resto de los estudiantes. Algunas fueron más allá y sostuvieron que se encontraba en libertad o lo presentaron como un homicida “impune”.

La discusión adquirió especial intensidad a raíz del ataque sufrido esta semana por una estudiante de la Facultad de Medicina. El episodio reavivó los cuestionamientos sobre la seguridad en los centros universitarios y, en ese contexto, el caso de Valentina volvió a circular acompañado de fotografías, datos y registros académicos del condenado.

Sin embargo, la situación es distinta de la que quedó instalada en parte de esas publicaciones. Punta News confirmó con fuentes universitarias que el homicida de Valentina no concurre habitualmente a la Facultad ni cursa de manera presencial. Sus estudios se desarrollan a distancia y continúa privado de libertad, cumpliendo la medida de internación impuesta por la Justicia. Sí podría haber sido trasladado bajo custodia a FCEA para alguna instancia presencial de evaluación, sostuvieron las fuentes consultadas, aunque no confirmaron cuándo ni en cuántas ocasiones puede haber ocurrido eso.

Desde el INISA también se confirmó que permanece recluido y que cursa sus estudios universitarios de manera remota.

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) se pronunció este miércoles 3, tras recibir una nota de integrantes de su comunidad y numerosas consultas por distintas vías. Sin individualizar a ningún estudiante, abordó directamente varios de los puntos que habían quedado planteados: qué información académica puede divulgarse, cómo se instrumenta el ingreso de una persona privada de libertad para rendir una prueba, qué respuesta existe ante la preocupación de otros estudiantes y hasta dónde llegan las competencias de la institución.

Sobre uno de los aspectos centrales de la controversia, FCEA señaló que las condenas, las medidas privativas de libertad y sus modalidades de cumplimiento son competencia del Poder Judicial. Y agregó una precisión concreta: si lo dispuesto implica que una persona privada de libertad ingrese a la Facultad para rendir una prueba acompañada por quien establece la ley, el servicio universitario debe permitirlo.

La institución no desconoció el efecto que esa presencia puede tener en quienes comparten el espacio universitario. Admitió expresamente que puede generar “incomodidad, miedo e inseguridad”, afirmó que no minimiza esa situación y señaló que continúa analizando qué medidas adicionales puede adoptar dentro de sus competencias.

En cualquier caso, un eventual traslado puntual y bajo custodia para rendir una evaluación no implica que el estudiante curse presencialmente ni modifica la medida privativa de libertad que cumple.

El pronunciamiento de FCEA también respondió a los cuestionamientos sobre por qué la institución no brinda información individual sobre inscripciones, materias o evaluaciones. Explicó que la Universidad está sujeta a las normas de protección de datos personales y que debe mantener bajo reserva la trayectoria académica de cualquier estudiante identificado o identificable. En ese punto, la Facultad fue explícita al señalar que esa confidencialidad “no opera como un mecanismo de protección hacia quien ha causado daño”, sino como una obligación que se aplica a toda la comunidad universitaria.

Al mismo tiempo, reivindicó el acceso a la educación de las personas privadas de libertad y sostuvo que ese derecho debe coexistir con la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de cuidado y convivencia para quienes estudian y trabajan en la institución.

Ese régimen tampoco fue creado para este caso. FCEA registra experiencias de enseñanza en cárceles desde 2010 y en 2017 aprobó un protocolo específico para estudiantes privados de libertad, que contempla, entre otros aspectos, flexibilidad en las formas de inscripción y evaluación, acceso a materiales y acompañamiento docente. En 2022 aprobó una actualización del protocolo. La propia Facultad explica, además, que la extensión de la enseñanza virtual permitió que estos estudiantes cursaran y también rindieran evaluaciones a distancia.

El marco educativo no altera la situación judicial del homicida de Valentina.

El 29 de febrero de 2024, luego del juicio desarrollado en San Carlos, fue declarado adolescente responsable de una infracción gravísima tipificada como homicidio muy especialmente agravado por femicidio. La sentencia dispuso su internación en el INISA por diez años —el máximo previsto en el régimen penal adolescente—, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, y el descuento del tiempo que ya llevaba privado de libertad cautelarmente.

Valentina tenía 17 años cuando fue asesinada el 15 de agosto de 2023 en Punta del Este. La sentencia, cuyo texto íntegro fue publicado entonces por Punta News, tuvo por probado que, antes del homicidio, había sido víctima de violencia física y psicológica por parte del adolescente con quien había mantenido una relación. El fallo recogió, además, informes técnicos y numerosos testimonios, que fueron valorados durante el juicio para reconstruir el vínculo previo y los hechos que culminaron en su muerte.

La actividad universitaria del condenado no modificó, por tanto, la medida impuesta por la Justicia. La controversia que surgió ahora se ubica en otro plano: las condiciones bajo las cuales una persona privada de libertad puede participar en instancias académicas y las garantías que corresponden al resto de la comunidad universitaria.

FCEA informó que trabaja en el tema junto con la Comisión de Actuación ante Violencia, Inequidad, Discriminación y Acoso (CAVIDA), la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y el área jurídica de la Universidad. Por ahora, no anunció nuevas medidas específicas, pero aseguró que continúa evaluándolas.