Infante fue formalizado, deberá cumplir con arresto domiciliario total y tendrá que tomar mate lejos de la portera

La jueza penal de 4° turno, Dra. Gabriela Azpiroz, hizo lugar al pedido del fiscal Jorge Vaz y dispuso la formalización de la investigación para el expresidente de la Junta Departamental bajo la presunción de haber cometido un delito de fraude especialmente agravado en calidad de coautor, en régimen de reiteración real con dos delitos de falsificación ideológica por funcionario público y un delito de abuso de funciones especialmente agravado. Como consecuencia de su no presentación en la audiencia de la semana pasada y la declaración de rebeldía, la fiscalía solicitó medida cautelar de prisión preventiva; la defensa de Infante se opuso y finalmente la jueza resolvió que cumpla con arresto domiciliario total, incluyendo el uso de tobillera, por el término, en principio, de 90 días.

Como adelantó Punta News, en exclusiva, Infante se había presentado en el Centro de Justicia de Maldonado este lunes, pasadas las 13:30 horas; ingresó en calidad de detenido y permaneció en la zona de carcelaje hasta poco después de las cinco de la tarde, hora en la que estaba fijada su audiencia de control de detención y formalización.

Escoltado por policía, ingresó a la sala de audiencias especiales, la misma a la que faltó sin aviso el miércoles 3; su esposa y un grupo de unos diez compañeros del Movimiento Maldonado se habían acomodado en los asientos posteriores a los que ocuparon sus abogados Federico Graña y Nicolás Pereira, y detrás del asiento que él ocupó. Saludó a sus abogados y la jueza Azpiroz dio comienzo formal a la instancia.

Dada la condición de detenido de Infante, la audiencia comenzó por el control de detención que debe realizarse, para cualquier persona y caso, en un plazo máximo de 24 horas a partir de que ingresa en calidad de detenido. Cumplido ese requisito, la Dra. Azpiroz dio paso a la instancia de formalización solicitada por el fiscal Jorge Vaz.

El fiscal dio un contexto general de los hechos relatados la semana pasada, en la audiencia a la que sí comparecieron Darwin Correa y José Luis Sánchez. Detalló lo que, a su criterio y con base en lo investigado estos meses, constituía la maniobra realizada por los ya formalizados para después ingresar en el papel de Infante en los hechos.

Como informó Punta News, Infante estaba relacionado con las contrataciones y pagos realizados en el período pasado por dos facturas abonadas durante su presidencia, que comenzó en diciembre de 2023.

El fiscal Vaz recordó que, según declaró el propio Infante en fiscalía, pocos días después de asumir la presidencia del legislativo recibió un mensaje de audio de Whatsapp del entonces edil blanco José Luis Sánchez en el que le solicitaba el pronto pago de una factura por valor de 168.000 pesos que estaba pendiente de pago desde la anterior presidencia. Se trataba de la última factura correspondiente a una serie de contrataciones que había realizado Darwin Correa, a una misma empresa, a lo largo de su presidencia. Correa —como ordenador primario de gastos de la Junta— contrató varias tareas en el rubro de mantenimiento en general, luminarias, reparaciones en oficinas, arreglos en fachada, fluviales y desagües, reparaciones en bancadas del Partido Nacional y Frente Amplio, entre otros, a la empresa cuyo titular era Ramón Sosa Lascano.

Cuando finalizó el período de Correa como presidente de la Junta, quedó pendiente el pago de esa factura por la que Sánchez reclamaba a Infante. En este punto, el fiscal hizo un par de precisiones: en primer término recordó el artículo 291 de la Constitución por el que los ediles no pueden tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el gobierno departamental. En esa línea, Vaz planteó que Infante debería haber denunciado a Sánchez en el momento en que recibió ese audio, ya que su pedido de concretar el pago estaba expresamente prohibido por su calidad de edil.

En segundo término, el fiscal dijo que no era de recibo el argumento de que un presidente de la Junta debe hacerse cargo de los pagos u obligaciones contraídas por el anterior sin mediar control alguno; según la teoría del fiscal, Infante debería haber constatado que el pago de 168.000 pesos que iba a autorizar se correspondía con una obra realizada. Como presidente del legislativo, agregó Vaz, Infante era responsable del cuidado de los dineros públicos y debió ejercer algunos controles previos a estampar su firma para dar trámite al pago.

A eso se agrega, prosiguió el fiscal, que cuando la Junta hizo efectivo el pago de la factura, el dinero fue a parar a la cuenta del hijo de José Luis Sánchez, Facundo, y éste se la transfirió como en los otros casos que forman parte de la investigación, a la cuenta personal de su padre.

El otro caso que vinculó a Infante en estos hechos es el relacionado con la única obra que, de todas las puestas en tela de juicio, la fiscalía da por contratada y realizada. En determinado momento, relató Vaz, un empresario de iguales características que Ramón Sosa Lascano, unipersonales, pidió una audiencia con Infante y le planteó la posibilidad de realizar algún trabajo para la Junta en algunos rubros como mantenimientos. Esa conversación derivó en la contratación del empresario identificado como Javier Gutiérrez para realizar un hidrolavado exterior del edificio legislativo; se presentó un presupuesto, fue aceptado y Gutiérrez comenzó el trabajo.

La realización de tareas quedó registrada mediante fotos y videos y el propio Infante, en su declaración en fiscalía, relató los pormenores de esta contratación. En su relato, Vaz puntualizó que la contratación de este trabajo tampoco se hizo mediante llamado público, licitación o proceso competitivo alguno, sino que fue compra directa ordenada por el presidente Infante y para beneficio del particular y sin que mediara una necesidad de realizar ese trabajo específico.

Cuando Gutiérrez finalizó el trabajo y era momento de realizar los trámites para cobrarlo, resultó que el contratado carecía de facturas. En este punto, la "solución" llegó por el lado de José Luis Sánchez, que aportó una factura de la empresa Ramón Sosa Lascano para que por esa vía se pagara a Gutiérrez los 115.400 pesos. El fiscal dijo que Infante estuvo al tanto de que autorizaría el pago de una factura a una empresa que no era la que había hecho el trabajo.

De cualquier forma, en este caso, el importe de 115.400 pesos no fue a la cuenta de Facundo Sánchez ni este lo derivó luego a su padre José Luis; el dinero fue abonado a Gutiérrez directamente. Sin embargo, para el fiscal, toda la sucesión de hechos vinculados a esta contratación y pago cae en la arbitrariedad, es contraria a los principios de la actuación administrativa y fue en contra de los intereses de la Junta.

Infante fue responsable del pago de dos facturas por un total de 283.400 pesos: la primera "heredada" de Correa, por 168.000 pesos, y la segunda, fruto de la contratación del hidrolavado exterior, por 115.400 pesos. Para el fiscal, el uso de la factura de Sosa en el caso del hidrolavado y autorizar el pago de la factura del período Correa, en la que los dineros abonados a Sosa iban a parar a la cuenta del edil José Luis Sánchez, pone a Infante a la altura de conductas desplegadas por los otros imputados.

Tanto en la audiencia del miércoles 3, como en la de este lunes, el Dr. Vaz hizo hincapié en alguno de los elementos que recabó a lo largo de estos meses: el propio Ramón Sosa Lascano, quien figuraba como contratado y sus boletas eran utilizadas para el cobro de los trabajos, declaró en fiscalía no haber realizado obra alguna en la Junta; también relató que "prestó" las boletas a José Luis Sánchez a requerimiento de éste; que Facundo Sánchez declaró que su padre le pidió una noche, vía telefónica y durante un cuarto intermedio de una sesión, su número de cuenta bancaria para que le pudieran transferir unos pagos; también Facundo declaró que tiempo más adelante, y en una confrontación con su padre, éste le reconoció que se estaba desviando dinero de la Junta.

Para Vaz, además, la falta de expedientes en cada caso de contratación, fundando la misma así como dando razones para no licitar, la falta de controles en cuanto a la ejecución de las tareas y el hecho de que ningún testigo pueda afirmar que las obras se cumplieron, más que no se encontraron registros que efectivamente muestren que las obras contratadas se realizaron, se suma a la declaración de Sosa y concluye en que las contrataciones eran una fachada para derivar dinero público a la cuenta personal y privada de un edil; este extemo está acreditado por lo aportado por Facundo Sánchez en fiscalía en cuanto a sus movimientos bancarios.

Es así que el fiscal solicitó a la jueza Azpiroz formalizar la investigación respecto a Alexandro Infante por la presunta comisión de un delito de fraude especialmente agravado en calidad de coautor, en reiteración real con dos delitos de falsificación ideológica por funcionario público y un delito de abuso de funciones especialmente agravado, estos dos últimos en calidad de autor.

OPOSICION DE LA DEFENSA A LA FORMALIZACION
El Dr. Federico Graña rebatió los argumentos del fiscal para pedir la formalización, en primera instancia, en los hechos relativos al pago de la factura "heredada" por Infante. Dijo que su cliente asumió la presidencia y diez días después recibe el audio de Sánchez reclamando el pago de la factura de la empresa Ramón Sosa por 168.000 pesos y que estaba pendiente desde el mes de octubre.

Sostuvo que Infante no tenía potestad para no habilitar el pago de la factura, ya que la misma, además, estaba controlada por los sectores administrativos contables de la Junta. Por otra parte, Graña afirmó que los mismos controladores administrativos habían solicitado la refacturación para no pagar una factura de octubre de 2023 en el ejercicio civil siguiente y que por eso la nueva factura era de enero de 2024.

Asimismo, el abogado hizo referencia al informe del catedrático Augusto Durán Martínez en el que concluye que las contrataciones realizadas a la empresa Ramón Sosa Lascano se realizaron de conformidad con el derecho.

Graña recalcó que la fiscalía pretendía imputarle fraude a Infante sólo por pagar esa factura para la cual el pago ya estaba comprometido desde la presidencia Correa y aseguró que, en todo caso, Infante no había tenido participación en los "preparativos" del eventual delito en el que podrían haber incurrido Correa y Sánchez, sino en todo caso en la etapa consumativa por habilitar el pago.

Puntualizó que, en el otro caso vinculado a Infante, el trabajo de hidrolavado exterior, era el único que se daba por realizado por parte de la fiscalía; admitió que el inconveniente llegó a la hora del cobro cuando Gutiérrez dijo no tener facturas y explicó que Infante, "sin el diario del lunes", le comentó a José Luis Sánchez de la situación y "apareció" la factura de la empresa Ramón Sosa Lascano.

A lo que el Dr. Graña hizo referencia con el uso de la frase "sin el diario del lunes" fue a que hoy, meses después de la primera dencuncia vinculada a estos hechos y realizada a través de un canal de Youtube, después de la investigadora de la Junta, con los elementos que reunió ficalía tras la presentación que realizó el Frente Amplio, y el manejo público de datos e información del caso, se conocen aspectos que durante el transcurso de los hechos eran ignorados, al menos por su cliente.

Por ejemplo, y en ese sentido, Infante no habría tenido conocimiento a finales de 2023 y principios de 2024 que la empresa de Ramón Sosa había sido contratada tantas veces por Correa y que los pagos de las obras que esa empresa realizaba iban a parar a la cuenta bancaria del hijo del edil Sánchez y tampoco que ese dinero era luego transferido al propio curul blanco. Tampoco Infante habría tenido duda sobre la ejecución de las obras o al menos de la que a él le tocó pagar por la factura "heredada" y pendiente desde finales de la presidencia de Correa.

La obra de hidrolavado no supuso un daño para la administración, afirmó, puesto que la obra se presupuestó, se contrató, se ejecutó y se pagó de acuerdo con lo convenido.

Sumando a lo expuesto por Graña, el abogado Nicolás Pereira agregó que la imputación que pretendía la fiscalía iba contra el derecho administrativo y aseguró que desde el momento en que no había dolo para la Junta, a Infante no se le podía imputar ninguno de los delitos invocados por Vaz.

"Desprolijidad no es delito", dijo Pereira, que manifestó que la oposición a la formalización era radical.

RESOLUCION Y MEDIDAS CAUTELARES
Después de escuchar el debate de las partes, extenso, la Dra. Azpiroz entendió que correspondía hacer lugar a la formalización respecto a Infante en los extremos solicitados por la fiscalía y no hizo lugar a la oposición de la defensa.

Los abogados Graña y Pereira anunciaron que presentarán recurso de apelación al auto de formalización de la jueza.

En cuanto a las medidas cautelares, el Dr. Vaz planteó la prisión preventiva teniendo en cuenta la conducta de Infante en los días previos a la audiencia fijada para el miércoles 3 su no presentación a esa instancia. Dijo que existe riesgo de fuga desde el momento en que Infante demostró que tiene medios para abandonar el país: viaje a Panamá del sábado 30 de agosto y regreso en la madrugada del lunes 1; pedido de licencia ante la Junta Departamental por el plazo de un año a partir del martes 2; salió del país nuevamente pocas horas antes de la audiencia del 3 de septiembre y no compareció.

La defensa, en tanto, combatió el pedido de cautelares con argumentos basados, en primer lugar, en que la privación de libertad debe ser la última ratio y que antes de aplicarla en un individuo hay que preguntarse si no existe otra u otras medidas que puedan aplicarse. Además, aludió a la condición médica de Infante, a las condiciones carcelarias del país según los informes del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, al arraigo de Infante en la sociedad maldonadense y a su condición de político.

Finalmente, la Dra. Gabriela Azpiroz dijo que existe semiplena prueba de los hechos relatados por la fiscalía y recordó que Infante "se colocó a sí mismo en el riesgo procesal" (de fuga) al no presentarse a la audiencia del miércoles 3, por lo que entiende que corresponden las medidas cautelares privativas de libertad por la causal invocada por la fiscalía.

"Comparto que la prisión es la última ratio", agregó y por eso resolvió que Infante cumpla con arresto domiciliario total, con uso de dispositivo electrónico de monitoreo (tobillera), por el plazo solicitado por el fiscal de 90 días, en principio.

EL MATE Y LA PORTERA
Tras resolver, la jueza se dirigió a Infante para asegurarse de que el imputado había comprendido todos los extremos de lo acontecido en la audiencia y lo que implicaba el arresto domiciliario total. Ejemplificó con varias cosas que no podría hacer a partir de este momento mientras Infante la miraba y asentía con la cabeza. En determinado momento la jueza notó que el ya formalizado dudaba e Infante manifestó si podía hacer una pregunta.

"¿Puedo tomar mate afuera?", dijo el expresidente, mientras su esposa sollozaba en la fila detrás, aliviada por la decisión judicial. La casa tiene un terreno, no muy grande, pero tampoco chiquito, siguió explicando Infante, ¿puedo sentarme a tomar mate afuera? Azpiroz le explicó que sí, pero que no se fuera a la portera a tomar mate.

Un rato después, Alexandro Infante abandonaba el Centro de Justicia esposado y trasladado por la policía; su esposa continuaba recibiendo apoyo de los compañeros políticos que permanecieron en la oscura salida hacia la calle Zelmar Michellini por la que circulan los vehículos cuando dejan el edificio.

A Alexandro Infante le restaban algunos trámites, como el prontuario, la coordinación con efectivos del Instituto Nacional de Rehabilitación para que le colocaran la tobillera, el aviso a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), que es la encargada de la supervisión de las medidas alternativas privativas de libertad, como en este caso. Avanzada la noche, fue trasladado al domicilio que declaró en la audiencia, una propiedad familiar en la zona cercana a Lapataia.

Sin alejarse mucho de la casa, sin traspasar la portera, transcurrirán los próximos tres meses de Infante hasta que el fiscal, sobre fines de noviembre, vuelva a solicitar audiencia para los tres formalizados en esta causa y presente extensión de medidas cautelares hasta pasar la feria judicial mayor y acercarse al juicio.