Junta aprobó por unanimidad el nuevo régimen del transporte turístico y sustituye la normativa de 1994

La Junta Departamental aprobó este martes 22, por unanimidad de 30 votos, la nueva ordenanza que regula el transporte turístico en Maldonado y reemplaza el decreto vigente desde 1994. El proyecto había sido remitido por el intendente Miguel Abella en abril y su aprobación era reclamada por los transportistas antes de octubre.

El Decreto 4126/2026 cerró la tramitación legislativa del expediente que Punta News adelantó el 2 de abril, cuando informó que el Ejecutivo departamental había enviado a la Junta un nuevo marco regulatorio para sustituir una norma vigente desde hace más de tres décadas.

La documentación considerada por la Junta establece, además, que el proyecto tuvo su origen en una propuesta presentada por la Unión de Transportistas Turísticos de Maldonado (UTTMA). El texto recibió luego modificaciones de los departamentos de Turismo y Movilidad y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Intendencia antes de ser remitido por Abella al Legislativo.

Durante su estudio, las comisiones de Nomenclatura y Tránsito y Transporte y de Legislación mantuvieron reuniones con representantes de empresas del sector y con autoridades de organismos nacionales y departamentales. El martes, el expediente fue ingresado en el orden del día y aprobado sin votos en contra.

La nueva ordenanza define al transporte turístico como un servicio privado de interés público y establece que solo podrán desarrollar la actividad quienes obtengan un permiso de la Intendencia, de carácter precario y revocable, y estén inscriptos en el Registro de Transporte Turístico Departamental.

Los prestadores deberán estar habilitados por el Ministerio de Turismo y contar con una casa central o una sucursal en Maldonado. Para la inscripción deberán acreditar, entre otros requisitos, el permiso nacional de circulación y la inspección técnica vehicular, el registro como operador turístico, la propiedad de las unidades y el seguro de responsabilidad civil para el transporte de personas.

La normativa también establece condiciones para los vehículos. Las empresas deberán disponer, como mínimo, de una unidad con capacidad no inferior a ocho pasajeros, sin contar al conductor, y los vehículos no podrán superar los 18 años de antigüedad. Las unidades afectadas al servicio deberán estar empadronadas en Maldonado, utilizar la matrícula correspondiente al transporte turístico de pasajeros —BTU— y exhibir la oblea de habilitación vigente.

En el caso de empresas que instalen sucursales en el departamento, al menos el 25% de la flota declarada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberá estar empadronada en Maldonado.

La ordenanza también regula el ingreso de servicios provenientes de fuera del departamento. Las excursiones deberán estar registradas ante el Ministerio de Turismo o el Ministerio de Transporte y contar con el permiso correspondiente, pero se les prohibirá recoger pasajeros en Maldonado. Para las unidades extranjeras se admite la realización de paseos con grupos cerrados de pasajeros, sin posibilidad de prestar otros servicios dentro del departamento.

El control quedará en manos del Departamento de Movilidad. Las infracciones podrán recibir multas de entre 10 y 350 unidades reajustables, y la Intendencia podrá revocar las habilitaciones cuando corresponda. Realizar servicios sin autorización implicará una multa inicial de 70 UR, que se duplicará en caso de reincidencia hasta alcanzar el máximo previsto, y Movilidad podrá retirar las matrículas hasta que la situación sea regularizada.

La aprobación se produjo menos de dos meses después de que el sector volviera a reclamar una definición. En agosto, durante el XI Encuentro Regional de Cruceros realizado en Punta del Este, el presidente de la Unión de Transportistas Turísticos del Uruguay (UTTU), Álvaro Gugliotta, había señalado a Punta News que los operadores llevaban alrededor de un año y medio trabajando en la modificación y pidió que la Junta la aprobara antes de octubre, en momentos en que advertía sobre cierres de empresas y dificultades económicas derivadas de la caída de la actividad.

Con los 30 votos del martes, la Junta sustituyó finalmente el Decreto 3686, del 31 de agosto de 1994, y estableció el nuevo marco departamental para una actividad directamente vinculada con la operativa turística de Maldonado.