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Transporte turístico: IDM envía a la Junta un nuevo régimen que sustituye la norma vigente desde 1994

Transporte turístico: IDM envía a la Junta un nuevo régimen que sustituye la norma vigente desde 1994

La Intendencia de Maldonado envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto que reemplaza el marco regulatorio vigente desde 1994 para el transporte turístico, con un nuevo esquema que introduce permisos precarios y revocables, registro obligatorio, mayores exigencias operativas y un régimen sancionatorio que incluye multas de hasta 350 unidades reajustables y el retiro de matrículas.

La iniciativa, formalizada en la resolución Nº 03045/2026, firmada por el intendente Miguel Abella y el secretario general Álvaro Villegas —a la que accedió Punta News—, establece como objetivo la “adecuación” del Decreto Departamental Nº 3686/1994, lo que, en los hechos, implica su derogación y sustitución tras más de tres décadas de vigencia.

A partir de este nuevo marco, el transporte turístico pasa a ser definido como un “servicio privado de interés público”, una categoría que habilita al gobierno departamental para fijar condiciones más estrictas de funcionamiento, control y fiscalización de la actividad.

El proyecto establece que solo podrán operar aquellas empresas —personas físicas o jurídicas— que obtengan un permiso otorgado por la Intendencia, de carácter precario y revocable, y que, además, estén inscriptas en el registro departamental específico que será gestionado por el área de Turismo.

El nuevo régimen fija condiciones más precisas para el acceso y la permanencia en la actividad. Los prestadores deberán contar con habilitación del Ministerio de Turismo, tener domicilio o sucursal en Maldonado y acreditar requisitos como el permiso nacional de circulación, la inspección técnica vehicular, el registro como operador turístico, la documentación de propiedad de los vehículos y las pólizas de seguro para el transporte de pasajeros.

En el plano operativo, se introducen límites concretos: las unidades no podrán tener menos de ocho pasajeros de capacidad ni una antigüedad superior a 18 años; deberán estar empadronadas en el departamento, contar con identificación específica del servicio, aire acondicionado y sistemas de amplificación.

También se establecen obligaciones para el personal, que deberá contar con carné de salud vigente, y para determinados servicios, será obligatorio disponer de guía turística por vehículo en las excursiones.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la regulación de los operadores externos. Las excursiones que ingresen al departamento deberán estar registradas ante el Ministerio de Turismo y contar con permisos específicos, mientras que las unidades extranjeras solo podrán operar con grupos cerrados, quedando prohibido que presten otro tipo de servicios en Maldonado.

El texto también incorpora una precisión operativa que apunta a ordenar el funcionamiento del sector: cualquier servicio adicional o complementario al traslado deberá ser contratado directamente entre los turistas y el prestador correspondiente, sin intermediación de la empresa de transporte, que igualmente deberá verificar la situación registral cuando corresponda.

El capítulo sancionatorio introduce un esquema más exigente que el vigente hasta ahora. Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de 10 a 350 unidades reajustables y, en los casos más graves, se habilita la suspensión del servicio en curso, la intervención de la fuerza pública y el retiro de matrículas hasta regularizar la situación. En situaciones de reincidencia, las sanciones se incrementan progresivamente.

El control y la fiscalización quedarán a cargo del cuerpo inspectivo del Departamento de Movilidad, consolidando un sistema de supervisión más activo sobre una actividad que hasta ahora operaba bajo un marco normativo de menor alcance y con más de 30 años de vigencia.

El proyecto enviado a la Junta no parte de un vacío regulatorio, sino que sustituye un esquema anterior por otro que amplía las condiciones de formalización, control y sanción. En términos prácticos, redefine las reglas de funcionamiento de un sector clave para la actividad turística del departamento.

La aprobación del decreto determinará si este nuevo régimen entra en vigor de forma efectiva en Maldonado, lo que marcará un cambio estructural en la regulación del transporte turístico tras más de tres décadas bajo el mismo marco normativo.

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