Nueva avalancha migratoria en Ceuta desata tensiones dentro de la Unión Europea.

La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente tras la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos en apenas unas horas. El episodio ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades españolas, ha provocado una emergencia humanitaria y ha abierto una profunda brecha diplomática dentro de la Unión Europea.

Las estimaciones más recientes sitúan entre 40.000 y 60.000 las personas que lograron acceder al enclave español, una cifra equivalente a una parte sustancial de la población de Ceuta. La presión sobre los servicios públicos fue inmediata: centros de acogida colapsados, miles de personas durmiendo al aire libre y un amplio despliegue de Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para recuperar el control de la frontera. Al menos cuarenta personas perdieron la vida durante los intentos de cruce, muchas de ellas por ahogamiento o en avalanchas humanas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta para coordinar la respuesta del Ejecutivo y calificó lo sucedido como una "violación de la integridad territorial de España". El Gobierno sostiene que la llegada masiva fue consecuencia de la actuación de redes de tráfico de personas que difundieron información falsa sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones de migrantes, haciendo creer que el acceso a territorio español sería prácticamente automático.

Madrid ha reforzado la presencia militar y policial, anunció la creación de infraestructuras temporales para gestionar los retornos y reiteró su cooperación con Marruecos para facilitar la repatriación de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio español. Al mismo tiempo, el Ejecutivo rechazó las acusaciones de que su política migratoria hubiera provocado la crisis y defendió que los procesos extraordinarios de regularización exigen años de residencia y no benefician a quienes acaban de cruzar la frontera.

La reacción más contundente llegó desde Italia. La primera ministra Giorgia Meloni y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, sostuvieron que la situación representa un riesgo para toda la Unión Europea y plantearon la posibilidad de suspender temporalmente la participación de España en el espacio Schengen mientras no recupere el control efectivo de su frontera exterior.

Las declaraciones provocaron un inmediato deterioro de las relaciones bilaterales. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano en Madrid para trasladarle una protesta formal, calificando las afirmaciones italianas de "impropias" y acusando al Gobierno de Roma de utilizar una crisis humanitaria con fines de política interna.

Finlandia se convirtió en uno de los primeros países en respaldar públicamente la posición italiana. Desde Helsinki se defendió que el control eficaz de las fronteras exteriores constituye una obligación de todos los Estados miembros y se expresó apoyo a estudiar medidas extraordinarias si la situación continúa deteriorándose. Diversas informaciones señalan que Finlandia se mostró favorable a debatir restricciones sobre la participación española en Schengen mientras persista la crisis.

Dinamarca también endureció su discurso. Copenhague consideró que la magnitud de los acontecimientos trasciende un problema exclusivamente español y afecta directamente a la seguridad del conjunto del espacio Schengen. Según diversas fuentes europeas, el Gobierno danés respaldó la necesidad de estudiar mecanismos extraordinarios de protección de las fronteras comunes, incluyendo la posibilidad de revisar temporalmente el régimen de libre circulación con España si no se restablece el control fronterizo.

La posición sueca ha sido más moderada. Estocolmo manifestó la necesidad de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de acelerar la cooperación comunitaria frente a la inmigración irregular. Hasta el momento, sin embargo, no se ha sumado públicamente a las propuestas de Italia para suspender a España del espacio Schengen, manteniendo una postura centrada en el fortalecimiento de los mecanismos europeos de control y cooperación.

La Comisión Europea ha mostrado su respaldo a España en la gestión de la emergencia, insistiendo en la necesidad de acelerar los retornos conforme a la legislación europea, combatir las mafias dedicadas al tráfico de personas y preservar la cooperación con Marruecos. Bruselas considera que las fronteras españolas son también fronteras de toda la Unión, aunque evita, por el momento, respaldar las propuestas de suspensión planteadas por algunos gobiernos nacionales.


Foto: REUTERS/Jon Nazca