Reforma previsional: AFAP alertan que se busca pasar las cuentas a un ente estatal

La Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP) advirtió que la propuesta en discusión en el Diálogo Social implicaría trasladar la administración de las cuentas individuales a un ente estatal único. El documento oficial aún no ha sido publicado.

El sistema previsional volvió al centro del debate con un elemento adicional de tensión: ANAFAP reaccionó públicamente a contenidos del documento final del Diálogo Social que, según señaló, conoció a través de la prensa y que todavía no tienen difusión oficial.

El proceso —impulsado por el Poder Ejecutivo y coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— prevé la elaboración de un documento final con acuerdos y propuestas de reformas en materia de protección y seguridad social, con fecha límite fijada para fines de abril de este año. Hasta el momento, ese texto no ha sido publicado en los canales oficiales.

En ese contexto, la gremial que nuclea a las administradoras de fondos previsionales cuestionó uno de los ejes que surgieron en el debate: el eventual traslado de la administración de las cuentas individuales a un organismo estatal único, manteniendo a las AFAP en un rol acotado a la gestión de inversiones.

El punto en disputa: quién administra el ahorro
El comunicado de ANAFAP estructura su rechazo en cuatro ejes, con un foco central: el cambio en la titularidad efectiva de la relación con el afiliado.

“La mejora prometida para el trabajador es inexistente”, sostiene el documento, al afirmar que, incluso eliminando costos comerciales, el impacto en la jubilación sería marginal y que el eventual nuevo esquema implicaría mayores cargas fiscales o déficit.

Pero el núcleo del planteo radica en la redefinición del vínculo: “El afiliado deja de ser cliente y pasa a ser un usuario cautivo de un único organismo estatal”, advierte la gremial. Según su interpretación, la propuesta elimina la posibilidad de elección y rompe la relación directa entre el administrador y el trabajador.

Actualmente, las AFAP administran las cuentas individuales bajo la supervisión del Banco Central, con capacidad de elección por parte del afiliado. El esquema que surge del debate —según lo planteado en distintos ámbitos— separaría funciones: el Estado asumiría la administración de las cuentas, mientras que las AFAP quedarían limitadas a la gestión de inversiones.

“En los hechos es una estatización”
El tercer punto del comunicado aborda la caracterización política del cambio. “En los hechos es una estatización”, afirma ANAFAP, al señalar que el sistema pasaría de un esquema competitivo y regulado a uno de administración estatal única.

La gremial argumenta que no hay evidencia de que trasladar una actividad hoy privada, con control estatal, a un esquema monopólico mejore los resultados para los afiliados.

El planteo introduce, además, un elemento estructural del sistema: la coexistencia entre el régimen de reparto y el de capitalización individual, este último incluido explícitamente como uno de los ejes de discusión del Diálogo Social en curso.

El antecedente político que ANAFAP pone sobre la mesa
El cuarto eje del comunicado incorpora un componente político explícito. La asociación recuerda que en 2024 más del 61% de los votantes rechazó una reforma que implicaba la eliminación de las AFAP.

“Avanzar en esta dirección supone desconocer ese pronunciamiento”, sostiene el texto, al advertir que la medida en discusión podría interpretarse como una etapa de una transformación más amplia del sistema previsional.

Un debate abierto y sin documento oficial
El Diálogo Social fue concebido como un ámbito para la construcción de acuerdos entre el gobierno, los partidos políticos y los actores sociales, con el objetivo de generar insumos para futuras reformas legales.

Sin embargo, el episodio expone una tensión previa a la instancia formal: el debate sobre el futuro del sistema previsional ya se instaló en términos concretos, aun cuando el documento final no fue presentado ni difundido oficialmente.

En ese escenario, la discusión dejó de ser abstracta. El foco está puesto en una definición estructural: si el ahorro individual seguirá siendo administrado en un esquema de competencia regulada o pasará a concentrarse en una órbita estatal.