La ruta de las armas y las municiones: el Gobierno apunta al pasaje del mercado legal al delito y prepara nuevos controles

El Ministerio del Interior sostuvo en Diputados que casi el 90% de las armas incautadas con numeración intacta fueron compradas y registradas legalmente antes de pasar a manos de criminales. También advirtió que hoy no existe trazabilidad de las municiones, cuestionó un decreto de 2020 y anunció cambios para limitar la compra de cartuchos, marcar la munición policial y controlar a los recargadores.

El debate sobre las armas en Uruguay suele quedar atrapado en la palabra "desarme". Pero en la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados, el Gobierno intentó mover el eje hacia otro lugar: no la tenencia legal de armas por parte de civiles habilitados, sino la ruta por la que armas y municiones terminan alimentando a la delincuencia.

“Es eso precisamente lo que nos preocupa: el famoso desarme, del que nunca hablamos, pero del que podemos hablar si a lo que vamos o a lo que apuntamos es a desarmar a la delincuencia”, dijo Negro. Y agregó: “Nadie pretende dentro de este Ministerio un desarme de la población civil que tiene sus armas con los debidos cuidados y los legítimos controles que se exigen”.

El punto central, según el Ministerio, está en el pasaje del mercado legal al mercado ilegal. Negro sostuvo que, del universo de armas incautadas o encontradas en poder de bandas o delincuentes, solo el 21% conserva intactos sus signos de identificación. El 79% restante tiene la numeración borrada, lo que impide establecer su origen.

Pero dentro de ese 21% que sí puede ser rastreado, el dato que llevó el Ministerio a la comisión fue contundente: “El ochenta y pico por ciento, casi el 90%, fueron adquiridas y registradas; por lo tanto, provienen del mercado legal”, afirmó el ministro. “Esos son datos, cifras; no es relato, son datos duros”.

La precisión es relevante. El Gobierno no dijo que casi el 90% de todas las armas incautadas provenga del mercado legal. Lo que sostuvo es que ese porcentaje surge del subconjunto que todavía puede rastrearse porque mantiene la numeración. Sobre el resto, reconoció que no puede saberlo con certeza porque los signos de identificación fueron borrados.

Aun así, el Ministerio entiende que ese dato permite proyectar una tendencia. Negro explicó que las armas no necesariamente se borran para ocultar si fueron importadas o compradas en el país, sino para impedir que se las vincule con delitos anteriores. “Las armas pasan de mano en mano, se alquilan y se venden”, señaló. Si un arma con numeración aparece vinculada a un homicidio, la trazabilidad puede asociarla también a otros hechos. Por eso, dijo, se borra el número.

El Gobierno interpreta que el mercado legal incide en la disponibilidad de armas de los delincuentes principalmente a través de hurtos y rapiñas. “Cuanto más armas hay en el mercado legal, más posibilidades hay de que esas armas terminen en poder de los delincuentes”, sostuvo Negro, aunque aclaró que el Ministerio no apunta contra la actividad comercial de las armerías ni contra deportistas, cazadores o coleccionistas habilitados.

El segundo tramo de la ruta es todavía más opaco: las municiones.

“De las municiones no tenemos ningún registro. Ese es el estado actual de la situación. Se venden las municiones como se venden caramelos”, dijo el ministro ante los legisladores.

Según Negro, el problema se agravó en 2020, cuando un decreto eliminó la obligación que tenían los importadores de entregar una muestra de lo importado a Policía Científica. Esa exigencia estaba prevista en el Decreto 317/2016 y fue retirada por el Decreto 345/2020. Para el Ministerio, esa modificación dejó sin rastro la importación de municiones y redujo la capacidad de seguimiento técnico.

“Si no tenemos evidencia, en parte es responsabilidad del Decreto 345 de 2020”, afirmó Negro.

El ministro anunció que Interior trabaja en un nuevo decreto para corregir esa situación, aunque aclaró que todavía no está cerrado porque resta coordinarlo con el Ministerio de Defensa Nacional.

En la visión del Gobierno, la falta de regulación permite una zona gris de abastecimiento. Una persona habilitada puede comprar municiones legalmente, sin un sistema efectivo de control acumulado, y luego revenderlas con ganancia a organizaciones criminales. Negro lo describió como un negocio posible para evitar que “el narco del barrio” tenga que ir directamente a una armería.

El asesor ministerial Diego Sanjurjo, especializado en políticas de control de armas, amplió luego el alcance de los cambios en estudio. Explicó que hoy cualquier persona habilitada a comprar cartuchería puede hacerlo “sin límites” y en distintas armerías. El nuevo decreto, dijo, establecería topes según el uso, el calibre y la cantidad de armas registradas.

Para ciertos calibres, una persona podría adquirir hasta 2.500 municiones por año y por arma. Pero para calibres usados con frecuencia en delitos urbanos, como el 9 milímetros, el límite sería mucho más bajo: 250 cartuchos por año y por persona. El incumplimiento de esos topes llevaría a la cancelación inmediata del THATA, la habilitación para la adquisición y tenencia de armas.

Sanjurjo aclaró que el control no podría hacerse solo en papel. Para aplicarlo, el Estado necesita un sistema informático que alerte a las armerías cuando una persona ya superó el límite de compra autorizado.

El proyecto también incluye el marcaje de la cartuchería policial. La razón, según el asesor, es que la filtración de munición policial y militar aparece “constantemente” entre vainas utilizadas en delitos. Por eso, toda munición comprada por el Ministerio del Interior para la Policía Nacional debería tener una marca que permita identificarla.

Otra modificación apunta a restringir el tipo de armas que puede acumular un usuario común. El límite general de hasta ocho armas se mantendría, pero con dos condiciones adicionales: dentro de ese total, podría haber un máximo de cuatro armas cortas y, entre ellas, no más de dos pistolas. El argumento del Ministerio es que la mayoría de los homicidios y delitos armados se cometen con pistolas, especialmente 9 milímetros.

El capítulo más sensible del intercambio parlamentario apareció cuando la oposición cuestionó el enfoque del Gobierno. Pablo Abdala advirtió que el pasaje de armas del mercado legal al delito no prueba por sí mismo que la causa sea una falta de regulación del mercado legal. A su juicio, también inciden el robo, el soborno, el contrabando y el poder económico de las bandas criminales.

Álvaro Perrone, por su parte, planteó preocupación por el tratamiento de los militares retirados en la normativa. Sanjurjo respondió que esa población “no es de riesgo en lo más mínimo” y que no existe persecución. El objetivo, dijo, es que la Policía sepa si una persona con la que trata tiene armas registradas o no, porque hasta ahora los militares retirados no tienen que contar con la misma habilitación que cualquier otro ciudadano. Ese artículo, aclaró, todavía está en conversación con el Ministerio de Defensa.

La comparecencia dejó así planteado un cambio de enfoque. El Ministerio no presentó el problema como una discusión abstracta sobre armas sí o armas no, sino como una cadena concreta: armas que nacen en la legalidad y terminan en circuitos criminales; municiones que se compran sin trazabilidad suficiente; recargadores que pueden vender sin autorización expresa; cartuchería policial o militar que aparece en escenas delictivas; y un Estado que admite que perdió capacidad para seguir el rastro.

La pregunta que queda abierta es si los nuevos controles llegarán a tiempo y si serán suficientes para cerrar una ruta que, según el propio Gobierno, hoy funciona con demasiados puntos ciegos.