Cicero cuestionó las prioridades de fiscalización del tránsito en Maldonado: ¿seguridad vial o recaudación?

La respuesta de la Intendencia a un pedido de informes impulsado por el edil frenteamplista Pablo Cicero mostró cómo se distribuyen los controles de tránsito en Maldonado. En doce meses se registraron 202.463 infracciones, de las cuales el 82,6% fueron detectadas electrónicamente. La recaudación por multas alcanzó los $285,6 millones. A partir de esos datos, Cicero cuestionó las prioridades de fiscalización y planteó si el sistema privilegia la prevención o la recaudación. También reclamó reforzar los controles presenciales sobre conductas que comprometen la seguridad vial.

El predominio de las cámaras y otros dispositivos electrónicos en la fiscalización del tránsito, frente a una participación considerablemente menor de los controles presenciales, quedó en el centro de los cuestionamientos formulados por el edil frenteamplista Pablo Cicero a la Intendencia de Maldonado. A partir de cifras proporcionadas por el propio ejecutivo departamental, el legislador planteó la necesidad de revisar las prioridades de fiscalización y preguntó si el sistema está orientado principalmente a la seguridad vial o a la recaudación.

La discusión surgió tras la respuesta a un pedido de informes presentado el 18 de agosto por Cicero. La solicitud, tramitada mediante el expediente 611/2026, requirió información sobre las infracciones registradas en los últimos doce meses, sus causas, su distribución territorial y mensual, los mecanismos de constatación, los montos recaudados y la situación de cobro.

La Intendencia remitió las actuaciones a la Junta Departamental el 22 de octubre, poniendo a disposición de los ediles una serie de datos que permiten examinar cómo se distribuyen los controles y cuáles son las principales infracciones detectadas.

Ocho de cada diez infracciones se constataron electrónicamente
El Departamento de Movilidad informó que entre el 1.º de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026 se registraron 202.463 infracciones de tránsito en Maldonado. De ese total, 167.331 fueron detectadas mediante fiscalización electrónica, equivalentes al 82,6%, mientras que 35.132, el 17,4%, correspondieron a actuaciones de inspectores.

La diferencia es uno de los principales argumentos que utiliza Cicero para cuestionar el esquema de controles que desarrolla la administración departamental.

El desglose por tipo de infracción refuerza esa concentración. Los excesos de velocidad encabezaron ampliamente los registros, con 134.871 infracciones, aproximadamente dos tercios del total. A continuación, se presentan las infracciones vinculadas a las preferencias de paso, con 31.068 registros, categoría que comprende incumplimientos de la señalización semafórica.

En conjunto, la velocidad y las preferencias de paso representan cerca del 82% de todas las infracciones contabilizadas durante el período.

La situación es diferente en otras categorías. Las infracciones relacionadas con las obligaciones de los conductores sumaron 12.805; las correspondientes a habilitaciones para conducir, 4.188; las vinculadas con luces y reflectantes, 1.391; y las referidas a vehículos de dos ruedas, 3.115.

Para Cicero, esta distribución evidencia la necesidad de reforzar la fiscalización de conductas que no están sujetas a los controles habituales de velocidad. Entre ellas, menciona en particular el uso del cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil y las condiciones de iluminación de los vehículos.

El edil sostiene que la Intendencia debe mantener una presencia activa de inspectores en las calles y desarrollar operativos capaces de detectar infracciones que no pueden abordarse exclusivamente mediante radares.

El informe oficial, sin embargo, presenta algunas de estas conductas agrupadas en categorías generales. Por esa razón, no permite identificar directamente cuántas infracciones se debieron específicamente a la falta de uso del cinturón de seguridad o de la silla infantil.

Los millones detrás de las multas y la discusión sobre la recaudación
El componente económico también ocupa un lugar relevante en el cuestionamiento político.

De acuerdo con la información proporcionada por la Intendencia, durante los doce meses analizados se recaudaron $285.569.355 por concepto de multas de tránsito.

La concentración también se refleja en el origen de los ingresos. Las multas por exceso de velocidad representaron aproximadamente $173 millones, mientras que las infracciones vinculadas a los semáforos aportaron otros $61,3 millones. En conjunto, ambas categorías explican el 82% de los $285,6 millones recaudados durante el período.

El valor de las multas registradas es considerablemente mayor. La planilla oficial de estado de cobro consigna 653.107,8 unidades reajustables (UR) entre sanciones impagas, pagadas y en convenio. Al valor de la UR de octubre de 2026, equivalen a unos $1.272 millones. De ese cálculo surge la referencia de Cicero a más de $1.200 millones en multas.

Esta cifra no representa únicamente el dinero pendiente de cobro, ya que incluye sanciones pagadas. Por su parte, los $285,6 millones de recaudación corresponden a pagos realizados durante los doce meses analizados, incluidos los derivados de infracciones de períodos anteriores.

Más allá de esa diferencia entre las sanciones impuestas y los ingresos efectivamente percibidos, Cicero cuestiona el peso de la fiscalización electrónica y reclama que los recursos provenientes de las multas sean reinvertidos en seguridad vial.

La pregunta que plantea en su análisis resume el sentido político de su posición: "¿Se multa para cuidar la vida y ordenar el tránsito, o para recaudar?"

La concentración territorial y las diferencias entre temporadas
La respuesta municipal también muestra diferencias significativas en la distribución geográfica de las infracciones.

Punta del Este concentró 86.796 registros y Maldonado otros 65.511. Entre ambas localidades se concentraron aproximadamente tres cuartas partes de las infracciones contabilizadas en todo el departamento.

Les siguieron Punta Ballena, con 14.456; La Barra, con 9.666; Piriápolis, con 6.599; y San Carlos, con 6.511.

La evolución mensual también presenta variaciones significativas. Enero de 2026 fue el mes con más infracciones, con 27.284, seguido de diciembre de 2025, con 24.424. En julio de 2026 se registraron 10.891, la cifra más baja del período analizado.

La información permite identificar una mayor concentración de infracciones durante los meses de verano, aunque no establece cuánto de esa variación responde al incremento de la circulación vehicular y cuánto a la intensidad o la distribución de los controles.

El reclamo de una fiscalización enfocada en la prevención
El planteo de Cicero no se limita a cuestionar la cantidad de multas ni los ingresos que generan.

En el material que difundió tras recibir la respuesta de la Intendencia, el edil vinculó sus observaciones con la situación de la seguridad vial en Maldonado, aludiendo a los indicadores de lesionados y fallecidos en siniestros de tránsito publicados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

A partir de ese contexto, reclama una mayor presencia de inspectores para controlar el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, así como las condiciones de iluminación de los vehículos. También plantea desarrollar operativos específicos de seguridad vial, medir y hacer públicos los niveles efectivos de cumplimiento de las normas de tránsito y destinar recursos provenientes de las multas a mejorar la prevención.

Su cuestionamiento apunta, por tanto, a la composición de la actividad fiscalizadora y no solo al volumen de sanciones.

La información oficial confirma que la gran mayoría de las infracciones registradas durante el año se originaron en mecanismos electrónicos y que los excesos de velocidad constituyen la principal causa de sanciones. Pero esos datos, por sí solos, no permiten concluir que el sistema tenga una finalidad prioritariamente recaudatoria ni determinar su eficacia en la reducción de los siniestros.

Esa distinción es relevante en una discusión que involucra tanto las potestades de fiscalización del gobierno departamental como su responsabilidad en materia de prevención.

El cuestionamiento que Cicero plantea en la agenda política es si el predominio de los controles electrónicos está acompañado de una estrategia de seguridad vial suficientemente amplia que contemple también aquellas infracciones cuya detección depende de la presencia efectiva de inspectores en las calles.