Controversia animalista y política: edil Rita Colombo pidió al TCA anular la sanción del INBA y presentó inspecciones oficiales que no constataron maltrato animal

La controversia por la designación de Rita Colombo como segunda vicepresidenta de la Junta Departamental volvió a escalar este martes con una protesta de animalistas en las barras del Legislativo y nuevos cuestionamientos por parte del Frente Amplio. En ese escenario, Punta News accedió a la demanda presentada por la edil ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), un expediente que revela los argumentos con los que busca anular la resolución del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) que la sancionó, así como los documentos oficiales que invoca para sostener que el procedimiento fue irregular.

La discusión sobre la situación de la edil nacionalista Rita Colombo y su sanción por porte del INBA volvió esta semana al centro de la escena política. Mientras un grupo de vecinos y activistas por los derechos de los animales reclamó desde las barras de la Junta Departamental que fuera removida de la segunda vicepresidencia del organismo, la polémica también se trasladó al plenario cuando la edil frenteamplista Rosmarie González cuestionó que el oficialismo hubiera respaldado para ese cargo a "una persona que maltrata animales".

Ante esas expresiones, Colombo respondió brevemente que el asunto está en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y afirmó que la denuncia "es falsa".

La controversia política no es nueva. Cuando la Junta eligió a sus autoridades para el segundo año de la actual legislatura, el inicio de aquella sesión se demoró por la negativa del Frente Amplio a acompañar la integración de la Mesa propuesta por el Partido Nacional, primero respecto de otra edil nacionalista y luego también en relación con Colombo, situación informada esa misma noche por Punta News.

Lo que sí es nuevo es el contenido del expediente con el que la edil Colombo procura revertir la resolución del INBA.

Punta News accedió a la demanda de nulidad presentada ante el TCA y a la documentación que la acompaña. Se trata de un planteo mediante el cual Colombo solicita dejar sin efecto la resolución del Consejo Directivo Honorario del Instituto Nacional de Bienestar Animal que le impuso una multa, le prohibió la tenencia de animales por considerar configurada una infracción por maltrato animal y dispuso el decomiso de los animales bajo su responsabilidad.

Una demanda que cuestiona todo el procedimiento
Lejos de limitarse a negar las conclusiones del INBA, la demanda desarrolla una impugnación integral de la actuación administrativa.

El escrito sostiene que la resolución carece de fundamento suficiente, cuestiona la valoración de las pruebas por parte de la administración, denuncia vulneraciones del debido proceso y del derecho de defensa, objeta diversas diligencias practicadas durante la investigación y solicita al Tribunal que declare la nulidad del acto administrativo.

A lo largo del expediente, la defensa también sostiene que el procedimiento se construyó sobre denuncias y elementos que, a su juicio, nunca fueron debidamente corroborados, y afirma que la administración omitió valorar actuaciones oficiales que, según entiende, conducían a una conclusión distinta.

Precisamente en ese punto se apoyan varios de los documentos incorporados a la demanda.

Las inspecciones que Colombo utiliza como principal respaldo
Uno de los aspectos relevantes del expediente es que incorpora inspecciones oficiales realizadas con anterioridad a la resolución sancionatoria del INBA.

La primera corresponde al 4 de febrero de 2021. En ese informe se deja constancia de que Colombo declaró tener nueve perros, trece caballos y un burro, aunque algunos de esos animales se encontraban circunstancialmente en un predio vecino. El documento señala expresamente que los caballos bajo su cuidado "no presentan las características ni las condiciones denunciadas" y agrega que, por ese motivo, "no se constata maltrato". También registra que la Intendencia de Maldonado suministraba agua mediante camiones cisterna y fardos para la alimentación de los equinos. La única observación sanitaria concreta refiere a una perra que presentaba un problema físico y para la cual se coordinó atención veterinaria, recomendándose posteriormente una nueva inspección de seguimiento.

La segunda actuación incorporada se realizó el 20 de setiembre de 2021 por parte de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la participación de funcionarias del INBA.

Durante esa inspección se constataron 18 caballos, un burro y tres perros. El informe describe depósitos de alimento limpios y secos, la disponibilidad de fardos de alfalfa, ración, zanahorias, agua y sombra para los animales, así como de potreros y caballerizas en condiciones adecuadas. También consigna que los equinos observados presentaban muy buen estado corporal y, en términos generales, se encontraban en buenas condiciones.

Las conclusiones del informe son categóricas. El documento señala que, en general, los animales se encontraban en buenas condiciones y con buen estado corporal; que eran mansos y se acercaban con confianza a las personas, lo que indicaba que aparentemente no sufrían maltrato físico; que el establecimiento disponía de las condiciones básicas de bienestar animal, con acceso a agua, alimento, sombra y resguardo, y que el cuidador demostraba conocimiento e idoneidad en el manejo de los equinos. Como observación, el informe dejó pendientes aspectos vinculados a la situación documental de los animales, como los registros de DICOSE, las guías de propiedad y tránsito y otras planillas administrativas.

La tercera actuación agregada a la demanda está fechada el 1.º de diciembre de 2022.

En ese informe, elaborado por la Dirección General de Servicios Ganaderos, se hace constar que fueron inspeccionados veinte yeguarizos. El funcionario actuante indicó que, debido a la sequía, los animales eran alimentados con fardos de alfalfa y consignó expresamente que "no hay problemas de agua para el consumo de los yeguarizos".

Para la defensa de Colombo, esas tres actuaciones oficiales constituyen un elemento central de la demanda, pues entiende que contradicen las conclusiones que sustentaron la resolución sancionatoria del INBA.

De hecho, el propio escrito afirma que la administración pasó por alto esas inspecciones pese a que, según sostiene, en ellas se consignó que no existía maltrato animal, que los animales se encontraban en buen estado corporal y que contaban con alimentación y agua suficientes.

Los principales cuestionamientos al INBA
A partir de esos antecedentes, la demanda desarrolla una serie de agravios contra la actuación administrativa. El primero se centra en la valoración de la prueba.

La defensa sostiene que el INBA construyó la resolución sobre denuncias, fotografías, informes y actuaciones que, a su entender, no acreditaban de manera suficiente la existencia de maltrato animal y que, además, desatendió elementos que obraban en el propio expediente administrativo y que resultaban favorables a la administrada. También cuestiona que se hubiera otorgado valor probatorio a actuaciones policiales y a otros elementos que, según el escrito, no cumplían con las garantías necesarias en un procedimiento sancionatorio.

Otro de los ejes de la demanda se refiere al procedimiento seguido por el organismo.

El escrito afirma que, durante distintas actuaciones, Colombo no fue debidamente notificada de diligencias e inspecciones, lo que, según sostiene, le impidió controlar la producción de prueba, formular observaciones y ejercer plenamente su derecho de defensa. En ese sentido, invoca jurisprudencia y doctrina administrativa para sostener que la falta de comunicación de dichas actuaciones afecta la validez del procedimiento.

La presentación también cuestiona el tiempo que demandó la actuación administrativa.

Según plantea la defensa, el expediente se inició en 2020 y, durante las inspecciones practicadas en 2021, no se constató maltrato animal, por lo que entiende que la administración debió concluir entonces el procedimiento. En cambio, sostiene que el INBA continuó desarrollando actuaciones durante un período prolongado hasta arribar a la resolución sancionatoria, vulnerando, a su juicio, el principio de duración razonable del procedimiento administrativo.

El allanamiento y el decomiso
Uno de los capítulos más extensos de la demanda está dedicado a cuestionar las actuaciones realizadas en febrero de 2023, cuando se retiraron los animales del establecimiento.

La defensa sostiene que el ingreso al predio y el posterior decomiso estuvieron precedidos de actuaciones que considera irregulares y afirma que Colombo no pudo ejercer adecuadamente su defensa durante ese procedimiento. También cuestiona la forma en que se desarrolló el operativo, la intervención de distintos organismos y la posterior difusión pública del caso.

En ese tramo del escrito, incluso, se plantea que la actuación administrativa terminó por afectar derechos constitucionales vinculados al debido proceso, a la inviolabilidad del domicilio, al derecho de propiedad, a la presunción de inocencia y al honor de la demandante.

La resolución que busca dejar sin efecto
La acción promovida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no discute una eventual responsabilidad penal sino la legalidad de una resolución administrativa.

En su petitorio, Colombo solicita que el Tribunal suspenda la ejecución del acto impugnado mientras se sustancia el proceso y, posteriormente, declare la nulidad de la resolución del Consejo Directivo Honorario del INBA. También reclama la restitución de los animales decomisados, el levantamiento de la prohibición de la tenencia de animales y la condena en costos y costas a la administración si el Tribunal hace lugar a su planteo.

Un proceso aún sin resolución
La demanda fue presentada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en setiembre de 2024 y actualmente se encuentra a estudio de dicho organismo, que deberá resolver si la actuación administrativa del Instituto Nacional de Bienestar Animal se ajustó o no a derecho.

Hasta que exista un pronunciamiento del Tribunal, la resolución del INBA mantiene plena vigencia. Lo que sí aporta el expediente al que accedió Punta News es una visión completa de la estrategia jurídica con la que Colombo procura revertir esa decisión administrativa: un planteo que cuestiona la legalidad del procedimiento, la valoración de la prueba realizada por el organismo y que incorpora inspecciones oficiales anteriores como parte de los fundamentos con los que solicita la nulidad del acto.