Quién paga por rescatar fauna empetrolada: la Junta estudia un mecanismo para cobrar esos costos a los responsables

El expediente 735/2025, ingresado en noviembre pasado, propone que las organizaciones autorizadas puedan documentar los gastos derivados de las tareas de recuperación ambiental y de fauna marina para obtener su reembolso, con la Intendencia de Maldonado como administradora de los fondos. Tras un informe jurídico, la Junta resolvió esta semana consultar al Ministerio de Ambiente sobre las coberturas, garantías y mecanismos vigentes.

Uruguay ya tiene un régimen que responsabiliza económicamente a quienes ocasionan contaminación por hidrocarburos y obliga, en determinados casos, a contar con seguros contra derrames. Pero el proyecto que, desde fines de 2025, analiza la Junta Departamental de Maldonado pone el foco en una zona menos definida: qué ocurre con los gastos que asumen las organizaciones que intervienen en la recuperación ambiental y, especialmente, en el rescate y la rehabilitación de la fauna marina afectada.

El texto plantea que los costos de reparación y mitigación sean asumidos “por quienes ocasionen el daño y no por la comunidad”. Para eso propone que las organizaciones no gubernamentales debidamente autorizadas que realicen tareas de recuperación puedan presentar los comprobantes de los gastos generados por sus intervenciones y obtener su reembolso por parte de la entidad responsable del derrame.

El esquema previsto asigna además un papel a la Intendencia de Maldonado: sería la encargada de recibir y administrar los fondos, verificar y aprobar los comprobantes y destinarlos exclusivamente a la reparación de daños ambientales y a la recuperación de fauna marina, con prioridad para organizaciones especializadas en conservación y rehabilitación.

La iniciativa no está aprobada y su recorrido dentro de la Junta fue abriendo interrogantes que todavía deben resolverse. En junio, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable decidió averiguar específicamente si los seguros contratados por empresas dedicadas al transporte de hidrocarburos contemplan el reembolso de los gastos en que incurren quienes colaboran, después de un derrame, en la limpieza de zonas costeras o en la recuperación de fauna marina afectada.

Antes de realizar esa consulta, la comisión pidió determinar si la Junta estaba jurídicamente habilitada para requerir esa información al Ministerio de Ambiente. El expediente pasó entonces al asesor letrado del legislativo departamental.

El informe, fechado el 24 de agosto, concluyó que “no existe impedimento jurídico” para que la Junta solicite información al ministerio como parte del estudio de una iniciativa legislativa ambiental. Sin embargo, introdujo una precisión relevante: las pólizas son contratos celebrados entre empresas y aseguradoras y pueden no estar en poder del Ministerio de Ambiente. Por esa razón, una consulta formulada únicamente en términos de qué cubren “los seguros contratados” podría no obtener allí la respuesta buscada.

La Asesoría Letrada recomendó entonces ampliar y precisar las preguntas. Entre otros puntos, planteó consultar si existe alguna norma, protocolo, autorización o exigencia ambiental que obligue a las empresas transportistas de hidrocarburos a contratar seguros o garantías que cubran limpieza, mitigación, restauración ambiental y rehabilitación de fauna; cuál es el procedimiento para reclamar los gastos realizados por organismos u organizaciones que intervienen en las tareas de respuesta y recuperación; qué organismo nacional tiene competencia sobre esas coberturas; y si existen fondos, convenios o mecanismos de compensación vinculados con derrames costeros y recuperación de fauna marina.

El asesor también dejó planteado un límite: su informe no resolvió la viabilidad jurídica del proyecto de decreto ni determinó que la Junta pueda imponer por sí misma esas obligaciones. El pronunciamiento se concentró en establecer que el legislativo departamental sí puede recabar información de organismos nacionales antes de continuar el tratamiento.

Con ese informe incorporado, el expediente regresó a la Comisión de Ambiente a fines de agosto. Este martes 8, el asunto llegó al plenario: la Junta aprobó por unanimidad solicitar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, los insumos necesarios para profundizar el estudio sobre la responsabilidad económica por derrames de hidrocarburos y la reparación del daño ambiental.

La discusión departamental se inserta, además, en un marco nacional que ya establece obligaciones concretas. El artículo 10 de la Ley 16.688 determina responsabilidad solidaria y objetiva para propietarios o armadores de buques, explotadores de aeronaves, artefactos navales, instalaciones terrestres o plataformas submarinas que ocasionen contaminación. Deben afrontar los gastos por limpieza, resarcimiento de daños y otros servicios realizados como consecuencia del episodio por la Armada, otros organismos intervinientes o empresas designadas para combatir la contaminación. La norma también exige a propietarios o armadores de buques y artefactos navales contar con seguro contra derrames y vertimientos y con un contrato con una empresa especializada.

La legislación ambiental general va en la misma dirección. La Ley 16.466 establece que quien provoque contaminación en las condiciones previstas por la norma es civilmente responsable por los perjuicios ocasionados y debe hacerse cargo, cuando sea posible, de la recomposición del ambiente o, frente a daños irreversibles, de las medidas destinadas a reducirlos o mitigarlos.

Lo que esas disposiciones no mencionan expresamente es el reembolso a organizaciones no gubernamentales que, sin ser el organismo público interviniente ni la empresa contratada por el responsable, asumen tareas y gastos de rescate y rehabilitación de fauna. Ese es precisamente uno de los puntos que el expediente abierto en Maldonado intenta despejar antes de avanzar.

El asunto tiene, además, un antecedente cercano para el departamento. En agosto de 2025 aparecieron restos de hidrocarburos en distintos puntos de la costa, entre ellos Ocean Park, Sauce de Portezuelo, El Chorro, La Susana, José Ignacio y Playa Brava. La Intendencia coordinó entonces tareas de monitoreo y limpieza con organismos nacionales, mientras durante varios días permanecieron abiertas las preguntas sobre el origen del material. ANCAP informó posteriormente que las trazas detectadas no guardaban relación con sus operaciones, pero la causa y procedencia seguían sin determinarse. Punta News informó durante aquellos días sobre la expansión del episodio y las actuaciones desplegadas en la costa.

Ahora, casi un año después, la Junta intenta establecer hasta dónde llegan las coberturas existentes y qué instrumentos permiten evitar que los costos de recuperar el ambiente y la fauna después de un derrame terminen siendo asumidos por quienes intervienen para reparar un daño que no provocaron.




foto: archivo