Modificación presupuestal tendrá 31 votos, pero no una lectura común: PN y PC destacan ajustes sin aumentar el gasto y el FA advierte que la inversión cae al 9,4% en 2030

Mientras la Junta Departamental trata la modificación presupuestal y, a esta hora, se leen en sala los informes que fundamentan su aprobación, Punta News accedió a los dos documentos y los analizó en detalle. El informe en mayoría, suscrito por el Partido Nacional y el Partido Colorado, defiende los cambios acordados durante el trabajo en comisión y sostiene que fueron incorporados sin aumentar el gasto global; el Frente Amplio, en su informe en minoría, también aconseja acompañar el proyecto en general, pero deja por escrito que no avala su diseño original y mantiene cinco diferencias para la discusión artículo por artículo.

La modificación presupuestal llega este miércoles a la votación general de la Junta Departamental con los 31 apoyos comprometidos, pero los informes de mayoría y minoría que se están leyendo en sala dejan constancia de que el acuerdo político no elimina diferencias importantes sobre el proyecto, su diseño original y el alcance de los cambios incorporados durante más de dos meses de trabajo en comisión.

El informe en mayoría, firmado por Partido Nacional y Partido Colorado, presenta la propuesta como una respuesta al crecimiento sostenido de Maldonado y al aumento de la demanda de servicios e infraestructura. Señala que el departamento tuvo un crecimiento intercensal superior al 23% entre 2011 y 2023 y sostiene que el texto recoge la inversión pública necesaria para acompañar ese escenario.

También reivindica el proceso de elaboración política. Deja constancia de que la Comisión de Presupuesto recibió propuestas de Unión y Cambio, el Partido Colorado y el Frente Amplio, y vincula el proyecto final con el trabajo de las cuatro comisiones interpartidarias sobre ordenamiento territorial, movilidad, ambiente y políticas sociales.

Para PN y PC, la modificación fue estructurada con criterios de sostenibilidad financiera, participación, descentralización y gestión basada en resultados. El documento sostiene, además, que los ajustes acordados durante el tratamiento fueron incorporados sin aumentar globalmente el gasto, mediante reasignaciones entre programas y rubros.

Esa afirmación encuentra respaldo concreto en varias de las partidas incorporadas en la etapa final. Por ejemplo, el aumento de $4,8 millones anuales para subsidios de alquiler destinados a hogares monoparentales sale del rubro Publicidad del programa Intendente; del mismo origen se reasignan $9.520.700 por año para ampliar Uruguay Impulsa y $625.000 anuales para una línea social de transporte público en Pan de Azúcar. También desde Publicidad se destinan $5 millones en 2027 para financiar un camión barométrico para La Capuera.

El informe en mayoría confirma además otros cambios que hasta ahora habían sido anunciados políticamente, pero no estaban plasmados con este nivel de precisión. El Presupuesto Participativo tendrá un refuerzo de $10 millones anuales sobre una asignación que el propio informe sitúa cerca de los $400 millones para todo el departamento durante el período.

El articulado establece, además, que cada municipio deberá reservar al menos el 10% de su asignación anual para una modalidad de Presupuesto Participativo Joven, con proyectos propuestos y votados por adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 años.

Otro de los cambios incorporados elimina una de las objeciones que el Frente Amplio había formulado durante el tratamiento. Todos los proyectos que superen la evaluación jurídica, técnica, financiera y presupuestal deberán pasar a consideración ciudadana. El Concejo Municipal podrá ordenarlos o agruparlos, pero no excluirlos por razones diferentes a una inviabilidad técnicamente fundada.

La nueva regulación suma controles que tampoco estaban desarrollados de esa manera en la formulación inicial: una comisión de seguimiento con representación de Descentralización, los concejos municipales y todos los partidos de la Junta, además de informes semestrales y publicación de información financiera y de avance físico en formato de datos abiertos.

También la regla fiscal quedó modificada. Si al cierre de un ejercicio no se cumple la relación de endeudamiento prevista, Hacienda y Planeamiento deberán elaborar un plan financiero y las medidas de contención deberán recaer sobre créditos de funcionamiento, con seguimiento posterior ante la Junta.

El Sello Verde Maldonado recibió igualmente una regulación bastante más precisa. El texto incorpora asistencia diferenciada para micro, pequeñas y medianas empresas, niveles progresivos de certificación, revisión independiente y la posibilidad de beneficios fiscales sujetos a anuencia legislativa. También habilita a otorgar a las empresas distinguidas un 4% de los puntos técnicos en procedimientos competitivos de contratación pública, siempre que no registren antecedentes negativos.

El FA acompaña, pero no convalida el proyecto original

El informe en minoría del Frente Amplio conduce al mismo voto favorable en general, aunque desde un diagnóstico sustancialmente distinto.

La bancada sostiene que la formulación original presentaba “deficiencias sustantivas” y cuestiona especialmente la evolución de la inversión. Según el análisis que realiza sobre los anexos, su participación en el total de egresos baja del 20,9% en 2027 al 9,4% en 2030, incluso en un escenario de ingresos crecientes. El documento agrega críticas por una lógica que considera centralista y por una insuficiente prioridad social y ambiental.

Al mismo tiempo, el FA reconoce que el Ejecutivo incorporó “en lo sustancial” varias de sus propuestas. Entre ellas identifica la decisión de financiar nuevas inversiones con reasignaciones provenientes de funcionamiento, el refuerzo del Presupuesto Participativo, modificaciones a la regla fiscal, la eliminación del filtro político para los proyectos y nuevos mecanismos de seguimiento y transparencia.

El informe reivindica también los cambios introducidos en el Sello Verde, la normativa de aceras, el camión barométrico para La Capuera y el horno crematorio para la Necrópolis de Maldonado. Para la bancada, esas incorporaciones representan una “mejora sustantiva” respecto del texto que había llegado originalmente desde la Intendencia.

Pero el documento fija una delimitación política precisa sobre el significado de su voto. El acompañamiento general, advierte, “no implica avalar el diseño original del proyecto”. El FA sostiene que su decisión responde a los cambios alcanzados durante la discusión y no a una modificación de las críticas que había formulado sobre la orientación inicial del presupuesto.

Incluso deja planteada una interpretación explícita del proceso: “no es la oposición la que convalida el diseño original del Gobierno Departamental”, sino que el Ejecutivo incorporó iniciativas surgidas desde la oposición para mejorar el proyecto sometido a consideración de la Junta.

Ese reconocimiento de los cambios alcanzados no cierra todas las diferencias. El informe identifica cinco asuntos que considera insuficientemente resueltos y que la bancada mantendrá durante el tratamiento particular.

El primero es la inversión. El FA entiende que las reasignaciones aceptadas constituyen solamente un comienzo y que sigue pendiente una recomposición más profunda de su peso dentro del presupuesto. El segundo es el Presupuesto Participativo: valora el refuerzo incorporado, pero señala que quedó por debajo del aumento que había propuesto originalmente.

El tercero es el Sello Verde. La bancada había planteado una exoneración concreta y escalonada vinculada al Adicional del Impuesto General Ambiental, pero el texto final dejó una fórmula general de beneficios fiscales sujetos a una futura anuencia de la Junta.

Las otras dos diferencias refieren a las aceras y a los recursos humanos. El FA pretendía que quedaran establecidas sanciones efectivas, con plazos de adecuación y recargos por incumplimiento, pero esos aspectos fueron diferidos a la reglamentación. Tampoco fueron incorporados los refuerzos de personal reclamados para áreas en las que la bancada entiende que existen necesidades objetivas de funcionarios.

El informe en minoría deja además documentado que esas observaciones no surgieron únicamente de una posición política previa. Durante las comparecencias de municipios y direcciones, la bancada registró cuestionamientos sobre adjudicaciones y contrataciones, recursos destinados a la Fundación A Ganar, gastos imputados al rubro publicidad, necesidades de personal, insuficiencias en promoción turística y reclamos vinculados a descentralización, vivienda, movilidad e infraestructura.

Por eso, su recomendación final es acompañar en general la modificación presupuestal con los cambios incorporados, pero mantener abierta la discusión particular y la posibilidad de presentar nuevas modificaciones en defensa de los planteos que no fueron recogidos.

El informe en mayoría, en cambio, aconseja aprobar el proyecto en principio, declararlo urgente y remitirlo luego al Tribunal de Cuentas.

La coincidencia, por tanto, está en el voto general y en que el texto fue modificado durante el trabajo de comisión. La diferencia aparece en la valoración de ese recorrido: PN y PC presentan la modificación como una respuesta fiscalmente prudente al crecimiento del departamento y reivindican los acuerdos alcanzados; el FA sostiene que esos acuerdos permitieron corregir parcialmente un proyecto que, en su formulación original, consideraba insuficiente y que todavía mantiene aspectos abiertos para la votación artículo por artículo.