Homicidio en pleno centro de Maldonado desató un fuerte choque político en la Junta por la seguridad

La Junta Departamental aprobó una nota institucional dirigida al Ministerio del Interior en la que solicita más efectivos, patrullaje, móviles y recursos para Maldonado tras el homicidio ocurrido el lunes 20 en pleno centro de la ciudad. El planteo, respaldado por los 21 ediles del Partido Nacional y el colorado Ignacio Garategui, fue rechazado por el Frente Amplio, que defendió los indicadores oficiales de seguridad y cuestionó el mensaje político detrás de la iniciativa.

El homicidio de Matías Molina Medina ocurrido en la vereda de calle Dodera casi José Pedro Varela, sobre el mediodía, llegó este martes al plenario de la Junta Departamental y derivó en uno de los debates políticos más intensos de la actual legislatura.

El tema comenzó con la consideración de una nota institucional dirigida al Ministerio del Interior, impulsada por la bancada del Partido Nacional, pero rápidamente la discusión trascendió el contenido del documento para convertirse en un intercambio sobre la evolución de la seguridad pública, los recursos destinados a la Policía y la lectura política que cada fuerza hace del escenario que vive el departamento.

La nota fue aprobada con los votos de los 21 ediles del Partido Nacional y del edil colorado Ignacio Garategui, mientras que el Frente Amplio votó en contra.

El planteo al Ministerio del Interior
En la nota aprobada, la Junta expresa su preocupación por el homicidio ocurrido en pleno centro de la capital departamental y solicita al Ministerio del Interior que fortalezca la presencia policial en Maldonado mediante la incorporación de más efectivos, el incremento del patrullaje preventivo, el aumento de móviles y el refuerzo de las áreas de investigación e inteligencia.

El texto sostiene que el crecimiento demográfico, territorial y turístico del departamento exige una asignación de recursos acorde con esa realidad y advierte que hechos como el ocurrido el lunes constituyen una señal de alerta que requiere respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales.

Al mismo tiempo, el documento deja establecido expresamente que el planteo no constituye un cuestionamiento al desempeño de la Jefatura de Policía de Maldonado. Por el contrario, reconoce el compromiso del jefe de Policía Víctor Trezza, del Comando y de los funcionarios policiales, aunque entiende que ese trabajo debe contar con más recursos para responder a las demandas actuales del departamento.

Ese último punto fue uno de los principales argumentos esgrimidos por la bancada nacionalista durante el debate: el reclamo está dirigido al Ministerio del Interior y se refiere a la necesidad de fortalecer a la Policía de Maldonado, no a cuestionar su actuación.

El Frente Amplio: "El problema es el mensaje"
La primera respuesta llegó de la bancada frenteamplista.

Juan Urangaray sostuvo que la nota parte de un diagnóstico que no comparte y planteó que resulta contradictorio que la Junta reclame más recursos invocando un deterioro de la seguridad cuando semanas atrás el propio cuerpo había reconocido públicamente al jefe de Policía de Maldonado por los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, el microtráfico, el crimen organizado y los delitos rurales.

El edil fue más allá y cuestionó la utilización política del homicidio como fundamento del planteo. Sostuvo que se trata de un hecho de enorme gravedad, pero afirmó que no puede convertirse en prueba de una realidad general cuando las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior muestran una evolución distinta.

Como respaldo a esa posición, recordó que, según esos datos, quince de los diecisiete indicadores delictivos presentan una evolución favorable y que, comparando el primer semestre de 2024 con el mismo período de 2026, los homicidios registran una disminución del 30 %.

La discusión adquirió luego otra dimensión cuando Urangaray vinculó el contenido de la nota con la Rendición de Cuentas.

El edil recordó que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo prevé recursos para incorporar nuevos policías, renovar móviles, adquirir tecnología y fortalecer el sistema penitenciario, por lo que cuestionó que desde la oposición se reclamaran precisamente esos recursos mientras se anunciaba el rechazo al proyecto presupuestal en el Parlamento.

La respuesta del oficialismo departamental fue que el centro de la discusión no pasa por desconocer el trabajo policial ni por negar la utilidad de las estadísticas, sino por advertir que Maldonado necesita una dotación acorde con el crecimiento que ha experimentado en las últimas décadas.

Ignacio Garategui, edil del Partido Colorado que acompañó la nota, sostuvo que la seguridad ha sido una deuda de todos los gobiernos y planteó que el tema debería abordarse como una verdadera política de Estado. Si bien reconoció la importancia de los indicadores oficiales, afirmó que también debe atenderse la percepción de inseguridad entre la población y la preocupación que generan hechos como el homicidio ocurrido el lunes.

En la misma línea, Andrés Arias (PN) sostuvo que reconocer la labor de la Jefatura de Policía y reclamar mayores recursos no son posiciones incompatibles. Según afirmó, el mérito del trabajo policial no elimina la necesidad de reforzar una estructura que enfrenta una realidad cada vez más compleja.

Un debate que fue mucho más allá del homicidio
Con el correr de las intervenciones, la discusión dejó de centrarse exclusivamente en la nota dirigida al Ministerio del Interior y se transformó en un intercambio sobre el estado de la seguridad en Maldonado.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo durante la intervención del nacionalista Ignacio Méndez, quien recordó que el homicidio ocurrió frente a los estudios de FM GENTE y a escasos metros de un centro educativo.

"¿Qué hubiera pasado si esa bala alcanzaba a un niño?", preguntó el edil, generando cruces entre las bancadas e intervenciones de la presidencia para restablecer el orden en sala.

Desde el Frente Amplio, Agustina López defendió los resultados de la actual gestión policial y recordó declaraciones formuladas semanas atrás por el jefe de Policía, Víctor Trezza, quien había informado sobre una reducción de homicidios y rapiñas, además de destacar las actuaciones contra el narcotráfico y el cierre de bocas de venta de drogas.

Para la edil, esos resultados no pueden desvincularse de la conducción del actual Ministerio del Interior, ya que Trezza fue designado por el gobierno encabezado por Yamandú Orsi.

Fernando Borges cuestionó, a su vez, que la seguridad se utilice como herramienta de confrontación política y defendió la continuidad de los mandos policiales entre administraciones de distinto signo como una expresión de política de Estado.

Del otro lado, Adolfo Varela insistió en que la nota no contiene críticas a la Jefatura de Policía y recordó que uno de sus párrafos reconoce expresamente el trabajo del comando y de los funcionarios policiales. Según sostuvo, el destinatario del planteo es el Ministerio del Interior, por ser el organismo responsable de definir la asignación de recursos y la política de seguridad.

Fernando Perdomo sostuvo que la cantidad de efectivos policiales no ha acompañado el crecimiento poblacional de Maldonado y defendió el derecho de la Junta a reclamar mayores recursos al gobierno nacional. Fabricio Rodríguez, por su parte, afirmó que la Policía necesita más personal, móviles y equipamiento para responder a las exigencias actuales del departamento y pidió que los nuevos efectivos anunciados supongan un incremento real de la plantilla.

La discusión volvió a escalar cuando el frenteamplista Leonardo Pereira retomó el vínculo entre la nota y la Rendición de Cuentas. El edil sostuvo que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé recursos para incorporar policías, renovar patrulleros e invertir en tecnología, por lo que calificó de contradictorio reclamar esas medidas mientras la oposición anuncia que no acompañará el proyecto presupuestal.

Más allá de la votación de la nota, el debate dejó expuestas dos miradas claramente diferentes sobre un mismo hecho. Mientras el Partido Nacional entendió que el homicidio de Molina puso en evidencia la necesidad de reforzar los recursos destinados a la seguridad en el departamento, el Frente Amplio sostuvo que utilizar ese episodio como fundamento de ese reclamo desconoce la evolución de los indicadores oficiales y termina proyectando un diagnóstico que no comparte sobre la realidad de la seguridad pública.