Plan de seguridad: respaldo oficialista y críticas de la oposición entre legisladores de Maldonado

Tras la presentación del Plan Nacional de Seguridad, el Gobierno fijó una línea política que combina un diagnóstico crítico de enfoques anteriores y un cambio de paradigma en la acción estatal, mientras que los legisladores nacionales por Maldonado expusieron posiciones divididas, entre el respaldo y los cuestionamientos al contenido y a la ejecución del programa.

La presentación del plan expuso más de 130 medidas y, al mismo tiempo, fijó una posición política sobre cómo abordar la seguridad en Uruguay. El ministro del Interior, Carlos Negro, planteó un quiebre con enfoques anteriores al afirmar: “Durante mucho tiempo se pensó que el problema de la seguridad se resolvía con más penas o con reformas legales. Sabemos que esa fórmula fracasó”.

Ese planteo no quedó como una definición aislada. Marcó el tono del anuncio y abrió un eje de discusión que se trasladó de inmediato al plano político.

Las primeras reacciones de los legisladores nacionales por Maldonado —recabadas por La Primera Página de la Revista de FM Gente— reflejan ese escenario: respaldo del oficialismo al cambio de enfoque y críticas de la oposición, centradas en la falta de medidas concretas, la demora en la presentación y el diagnóstico del problema.

Desde el oficialismo, el senador Eduardo Antonini sostuvo que el plan “busca cambiar el paradigma”. Planteó que la estrategia apunta a trabajar con “más inteligencia, más tecnología y más presencia real del Estado en el territorio”. También remarcó que “no se trata de repetir recetas que ya demostraron que no funcionan”.

En la misma línea, la diputada Mary Araújo afirmó que se trata de “un plan integral, construido con múltiples actores”. Sostuvo que “la seguridad no se puede abordar solo desde lo policial” y que requiere una intervención territorial coordinada. Además, señaló que “Maldonado está contemplado” en esa lógica, en referencia a su inclusión en el programa Más Barrio.

El diputado Joaquín Garlo también defendió el contenido del plan. Afirmó que “hay una estrategia clara” y que el documento define líneas de acción concretas. Señaló que las medidas apuntan a “fortalecer la presencia policial, combatir el narcotráfico y mejorar la capacidad operativa”. En el caso de Maldonado, agregó que “hay acciones concretas como más vacantes policiales y nuevas dependencias”.

Del lado de la oposición, las críticas fueron más contundentes.

El senador Rodrigo Blás sostuvo que el plan es “una presentación académica de un diagnóstico con cosas obvias”. Advirtió que “no hay grandes cambios en medidas específicas ni un rumbo claro”. También cuestionó el planteamiento del Gobierno sobre el fracaso de los modelos anteriores.

"...Sobre todo, la actitud no ha sido buena. Empezar una conferencia hablando de la mejora de los números y decir que todo lo anterior ha sido fracaso es desconocer las políticas anteriores que han sido exitosas en muchas cosas, más allá de los problemas que permanecen", afirmó.

El diputado Federico Casaretto afirmó que el documento llega tras “un año perdido”. Sostuvo que se trata de “un conjunto de buenas intenciones” y advirtió que no hay claridad sobre “cómo se va a ejecutar en territorio”. También señaló que el plan “no fija metas ni plazos”.

Por su parte, el representante Diego Echeverría fue más allá en sus críticas. Sostuvo que el plan “llega tarde” y que “lo que le sobra es hiperdiagnóstico” y cuestionó la falta de medidas concretas. Además, afirmó que el documento incorpora propuestas que ya habían sido planteadas. Puso como ejemplo un proyecto que él mismo presentó meses atrás, que —según señaló— ahora aparece recogido dentro del plan.

Las posiciones dejan planteado un escenario dividido.

Mientras el oficialismo respalda el cambio de enfoque y la construcción del plan como estrategia de mediano y largo plazo, la oposición pone el foco en la falta de resultados inmediatos, la ausencia de definiciones operativas claras y el cuestionamiento del diagnóstico planteado por el Gobierno.

En ese cruce, el debate sobre seguridad deja de centrarse exclusivamente en las medidas y pasa a instalarse en un plano más amplio: cómo se define el problema y qué modelo de respuesta debe adoptar el Estado.