Poder, garantías y efectivo: la ofensiva de Casaretto contra el proyecto antilavado del FA

El diputado nacionalista por Maldonado, Federico Casaretto, lanzó una crítica frontal al proyecto de Ley de Lavado de Activos impulsado por el Frente Amplio —y cuyo articulado vota hoy la Cámara de Representantes— y advirtió que la iniciativa “concentra el poder en la prosecretaría de Presidencia de la República, bajo la órbita de Jorge Díaz, sin las garantías necesarias para los ciudadanos y los profesionales”.

En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que el texto en discusión “es el proyecto de Jorge Díaz” y subrayó un cambio institucional que, a su juicio, no es menor: “Tenemos una SENACLAFT que ahora no depende más del Ministerio de Economía, sino que depende de la Presidencia de la República. Por lo cual, todo lo que pase con este proyecto va a, indefectiblemente, estar en manos de Jorge Díaz”.

El eje central del cuestionamiento apunta a las nuevas potestades otorgadas a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT). Casaretto afirmó que el propio oficialismo reconoció que la normativa habilitaría la incautación de documentación sin orden judicial. “Aquí se recorre un camino en el cual se va a incautar. El propio diputado del gobierno dijo que se va a secuestrar documentación sin orden judicial”.

Según detalló, el alcance de esa potestad sería amplio: “Esto es, estudios de escribanos, estudios de contadores, estudios de abogados, va a llegar la SENACLAFT y se va a llevar los discos duros”.

Para el diputado, el problema no radica en la fiscalización en sí, sino en la ausencia de garantías jurisdiccionales. “Nosotros no estamos en contra de que se inspeccione todo, que se instalen cinco o seis días, que saquen fotocopias de todo lo que quieran. Pero llevarse los originales no da garantías. Primero, por el secreto profesional”.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto sistémico de una incautación masiva de soportes digitales: “Cuando uno se lleva un disco duro de un escribano, se lleva todos los contratos, todas las sucesiones, absolutamente todo el trabajo para inspeccionar un expediente”.

Su conclusión fue categórica: “En un Estado de Derecho, el Poder Judicial es el único que da las garantías como para poder proceder de una manera segura para los profesionales y para los clientes también” y cuestionó que el Frente Amplio no incorpore “más garantías para los profesionales y para la gente”.

Otro punto de fricción es el tope para el manejo de efectivo. Casaretto vinculó directamente la discusión parlamentaria con la reciente ratificación ciudadana de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“No estamos hablando de un plebiscito de hace 10 años. Estamos hablando de un plebiscito de hace unos meses en donde la gente ratificó que el monto en efectivo que debía manejarse era el que hoy está vigente”.

El legislador admitió que podrían considerarse ajustes por variaciones económicas, pero rechazó cualquier modificación sustantiva: “Podemos ajustarlo de acuerdo a las variaciones que ha habido en la economía, pero no cambiarlo y torcer la voluntad de la población. Entonces nosotros no acompañamos esto”.

Para el Partido Nacional —remarcó— la posición es de coherencia con la ley y con el pronunciamiento ciudadano: “Estamos siendo contestes y leales a lo que primero la ley dice y en segundo lugar la población, que no a todas las leyes la ratifica, ratificó en cuanto al monto” .

Fiscalía especializada: ¿fortalecimiento o retroceso?
Casaretto también cuestionó la propuesta de suprimir la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. “Es un contrasentido estar hablando de proyectos de lavado de activos y estar suprimiendo la Fiscalía de Lavado de Activos” .

A su entender, la eliminación implicaría un retroceso institucional y un mensaje negativo hacia el exterior: “Además, la imagen ante el mundo de que el Uruguay está suprimiendo una fiscalía antilavado que costó mucho conseguir” .

Frente a la alternativa de reformularla en otro ámbito, el diputado fue claro: “Nosotros entendemos que hay que mantenerla. Porque modificarla es llevar a otro ámbito, a otro terreno” .

Incluso vinculó la discusión presupuestal con las prioridades del sistema. “Que se necesita más fiscalía, sí. Pero no es desvestir un santo para vestir otro” , afirmó, al sostener que si el país requiere más estructuras especializadas, deben generarse los recursos específicos para ello.

Concentración y garantías: la línea argumental
El planteo de Casaretto articula tres ejes: concentración de poder en la Presidencia, debilitamiento de las garantías judiciales y contradicción con decisiones ratificadas por la ciudadanía.

Desde esa matriz, el diputado nacionalista por Maldonado no cuestiona la necesidad de combatir el lavado de activos, pero sí el diseño institucional propuesto. Para el legislador, el combate al delito financiero no puede implicar —según sus palabras— erosionar el secreto profesional ni desplazar al Poder Judicial como garante último de los derechos.

En la discusión que recién comienza, el mensaje político de Casaretto quedó explicitado: no acompañará los artículos que, a su juicio, alteren el equilibrio entre el control estatal y las garantías individuales.




foto: captura de pantalla Youtube de la sesión de este lunes 23