Las Rosas libera hasta 10 presos por día y Maldonado solo tiene dos funcionarios para acompañarlos

La visita de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental dejó nuevos datos sobre una cárcel que Punta News ya había mostrado al límite: la Unidad 13 aloja ahora unas 1.272 personas y funciona con 104 policías activos; además, según explicó el edil nacionalista Fabricio Rodríguez, Maldonado cuenta con apenas dos funcionarios de la Dirección Nacional del Liberado para seguir los procesos de egreso.

La situación de Las Rosas volvió a quedar bajo observación institucional, pero esta vez con un dato que desplaza el foco más allá del hacinamiento: la cárcel libera entre 7 y 10 personas por día y el departamento cuenta con solo dos funcionarios para acompañar a quienes recuperan la libertad.

La información fue transmitida a Punta News por el edil nacionalista Fabricio Rodríguez, quien participó de la recorrida realizada por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental. La visita permitió actualizar el diagnóstico de la Unidad Penitenciaria Nº 13, una cárcel que ya operaba bajo fuerte presión y cuya población volvió a crecer.

Según los datos manejados durante la recorrida, Las Rosas aloja actualmente unas 1.272 personas privadas de libertad. La cifra supera tanto la referencia original de diseño de la unidad, pensada para unos 570 internos, como el escenario que Punta News había documentado en diciembre a partir de un informe oficial.

En esa ocasión se informó que Las Rosas tenía 1.133 personas privadas de libertad, frente a una capacidad nominal de 691 plazas, lo que representaba una densidad del 164%. El mismo informe advertía que la superpoblación existía desde 2018 y que su aumento no había sido acompañado de un incremento equivalente de recursos humanos y materiales.

La nueva información recogida por la comisión muestra que la presión no se redujo. Por el contrario, la población actual ubica la cárcel por encima del nivel ya crítico registrado meses atrás y vuelve a colocar en primer plano una pregunta de fondo: ¿qué capacidad real tiene el sistema para custodiar, rehabilitar y preparar el egreso de una población penitenciaria que sigue creciendo?

El déficit de personal figura entre los puntos centrales. De acuerdo con los criterios y manuales del Ministerio del Interior mencionados durante la visita, una cárcel con una población aproximada de 1.272 reclusos requeriría al menos 450 funcionarios policiales. La situación informada está muy lejos de esa referencia: Las Rosas cuenta con 138 funcionarios nominales, de los cuales 104 cumplen funciones y 34 cuentan con certificación médica.

La diferencia no es solo numérica. Con esa dotación se debe garantizar la seguridad interna, el control de los sectores, los movimientos dentro de la unidad, el régimen de visitas, los traslados, la atención cotidiana, la convivencia y el funcionamiento de las actividades educativas y laborales. En los días de visita, la unidad recibe apoyo de la Guardia Republicana, pero ese refuerzo no modifica la relación estructural entre la población penitenciaria y el personal efectivo.

La recorrida también permitió actualizar la información sobre educación y trabajo. Alrededor de 250 internos realizan alguna actividad laboral y unos 300 participan en propuestas educativas: 160 en secundaria, 30 en primaria, 60 en Plan Rumbo y algunos vinculados a la formación terciaria.

Los datos muestran que hay programas en funcionamiento, pero también evidencian su alcance limitado frente al volumen total de la población recluida. En una unidad con 1.272 personas privadas de libertad, la mayoría queda fuera de las actividades laborales y educativas reportadas. El problema no radica en la ausencia total de iniciativas, sino en la capacidad real del sistema para ampliarlas en una cárcel sobrecargada.

Asimismo, durante la visita se plantearon dificultades concretas para fortalecer la formación. Entre ellas, el acceso a internet y la falta de una sala de alfabetización digital, herramientas necesarias para cualquier proceso de rehabilitación que pretenda conectar la vida dentro de la cárcel con oportunidades reales fuera de ella.

Ese punto lleva la discusión al egreso. Si la cárcel funciona con sobrepoblación, déficit de personal y programas que no alcanzan a la mayoría, la salida de cada interno se vuelve una etapa decisiva. En Maldonado, según la información brindada por Rodríguez, esa etapa depende de apenas dos funcionarios de la Dirección Nacional del Liberado para todo el departamento.

La escala del problema es diaria. Entre 7 y 10 personas recuperan la libertad cada día desde Las Rosas. Ese flujo obliga a mirar el sistema como un circuito completo: encierro, eventual acceso a la educación o al trabajo, liberación, acompañamiento posterior y retorno a la comunidad.

Rodríguez también señaló que al menos 7 de cada 10 personas privadas de libertad son reincidentes. La cifra refuerza la tensión central del diagnóstico: cuando la privación de libertad no proporciona herramientas suficientes y el seguimiento posterior opera con una dotación tan reducida, el sistema queda expuesto a repetir ingresos, salidas y nuevas reincidencias.

La comisión recibió, a su vez, información sobre la presencia de una importante población de personas recluidas preventivamente. Dentro de ese grupo hay internos provenientes del departamento de Rocha, alojados en Las Rosas debido a la falta de capacidad en el establecimiento departamental. Ese elemento ejerce presión sobre una unidad que no solo absorbe la demanda penitenciaria de Maldonado, sino que también asume parte de las limitaciones del sistema en otros territorios.

Las Rosas no aparece como una cárcel sin actividad ni esfuerzos internos: hay educación, trabajo, apoyos externos y experiencias de rehabilitación en funcionamiento. Pero todas esas líneas operan dentro de un marco que limita su alcance: más internos que plazas, menos funcionarios de los requeridos, dificultades materiales para formar y una estructura de egreso muy reducida para acompañar a quienes vuelven al territorio.

Tras la recorrida, Rodríguez sostuvo que la seguridad “no se construye solamente desde el encierro”, sino también “con condiciones adecuadas, con funcionarios suficientes, con educación, con trabajo y con oportunidades reales de reinserción”. Para el edil, Maldonado debe “mirar de frente” lo que sucede en su sistema penitenciario, “sin discursos fáciles, pero también sin indiferencia”.

La visita de la comisión vuelve a situar a Las Rosas en una discusión que Punta News ya había planteado: el problema no se limita a la cantidad de personas encerradas. Empieza allí, continúa en las condiciones en que se intenta rehabilitar y se proyecta fuera de la cárcel cada vez que un interno recupera la libertad sin que el sistema tenga capacidad suficiente para sostener ese regreso.




fotos galería: edil Fabricio Rodríguez