Blás propone limitar las rebajas de pena para narcos reincidentes

La condena de tres años y diez meses de penitenciaría impuesta la semana pasada a Santiago Nicolás Montelongo Porley, identificado por la Policía como líder de la organización desarticulada en la Operación Jacobo, ya tuvo su primera consecuencia legislativa. Como había adelantado tras su encuentro con el Jefe de Policía de Maldonado, el senador Rodrigo Blás presentó un proyecto de ley para modificar las condiciones de los acuerdos abreviados en casos de reincidencia por narcotráfico. La iniciativa busca limitar las reducciones de pena para quienes registran antecedentes por este tipo de delitos.

La iniciativa ingresó este martes al Senado y modifica el artículo 272 del Código del Proceso Penal. El objetivo, según plantea el legislador, es impedir que personas con antecedentes por delitos vinculados a estupefacientes accedan a rebajas que considera desproporcionadas respecto de la gravedad de las conductas investigadas.

La presentación del proyecto llega apenas días después de la resolución judicial de la Operación Jacobo, la investigación que comenzó con la incautación de 53,432 kilos de cocaína, continuó con el hallazgo de un laboratorio de procesamiento de drogas en Maldonado Nuevo y culminó con la condena de Montelongo y otros diez integrantes de la estructura.

Tras conocerse esa resolución, Blás cuestionó públicamente el resultado del proceso abreviado utilizado en el caso, sostuvo que "algo no funciona bien" en el sistema y anunció que promovería cambios legislativos para los reincidentes en delitos de narcotráfico.

Ahora ese anuncio tomó forma parlamentaria.

Qué cambia
La propuesta mantiene vigente el proceso abreviado y no modifica las escalas penales previstas para los delitos de narcotráfico. Lo que hace es limitar el margen de reducción de la pena cuando el imputado es reincidente en delitos previstos en el Decreto-Ley 14.294 (ley de estupefacientes).

Actualmente, la legislación permite negociar una pena dentro del marco legal aplicable a cada caso. El proyecto establece que, cuando el imputado sea reincidente por delitos de narcotráfico, la condena acordada no podrá ser inferior a dos tercios de la pena que corresponda solicitar según las circunstancias concretas del expediente.

En términos prácticos, si la pena correspondiente fuera de 8 años, el acuerdo no podría bajar de 5 años y 4 meses. Si fuera de 10 años, el mínimo posible sería de 6 años y 8 meses.

La modificación tendrá efectos distintos según el caso, pero establece un piso más alto para las condenas acordadas a reincidentes por delitos de narcotráfico.

Los argumentos
En la exposición de motivos, Blás sostiene que la reincidencia debe tener consecuencias específicas cuando se trata de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

"La reincidencia debe tener consecuencias. El proceso abreviado es una herramienta válida para agilizar la Justicia y optimizar recursos, pero no puede convertirse en una puerta para que quienes vuelven a delinquir en materia de narcotráfico reciban reducciones desproporcionadas de sus condenas", afirma.

El legislador aclara además que no pretende eliminar una herramienta procesal ampliamente utilizada por el sistema judicial, sino introducir una excepción para quienes ya cuentan con antecedentes en este tipo de delitos.

Según el texto presentado, el narcotráfico constituye una de las principales amenazas para la seguridad pública y exige respuestas diferenciadas frente a quienes reinciden.

"La sociedad espera respuestas firmes frente al delito. También debemos respaldar el trabajo de policías, fiscales e investigadores que enfrentan diariamente al narcotráfico. Este proyecto apunta a que exista una respuesta penal más coherente cuando se trata de delincuentes reincidentes", sostiene.

El caso que abrió el debate
La discusión sobre los acuerdos abreviados volvió al centro de la escena en Maldonado tras el desenlace judicial de la Operación Jacobo.

La semana pasada, la jueza Silvana García condenó a Montelongo por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, imponiéndole una pena de 3 años y 10 meses de penitenciaría.

Fue precisamente ese resultado el que llevó a Blás a cuestionar públicamente el alcance de la pena obtenida por el líder de la organización, mediante un acuerdo abreviado, y a plantear una modificación legal que ahora comenzará a discutirse en el Parlamento.

La iniciativa abre una nueva discusión sobre uno de los mecanismos más utilizados por el sistema penal uruguayo y sobre los límites que deberían existir cuando quienes negocian una pena ya registran antecedentes por narcotráfico.