Presupuesto Participativo: la Intendencia destinará más de $400 millones para proyectos definidos por los vecinos

El programa será reinstalado con una asignación que el Ejecutivo califica como “sin precedentes” y con un criterio de distribución vinculado a indicadores sociales y territoriales. Cada municipio tendrá recursos propios, reglas particulares y proyectos que deberán pasar por evaluación técnica, votación ciudadana y seguimiento público de ejecución. La próxima semana el equipo económico de la Intendencia iniciará una recorrida por los ocho municipios para presentar el mecanismo y recoger aportes antes de su implementación.

El Presupuesto Participativo vuelve al centro de la agenda departamental con una apuesta fuerte de la administración de Miguel Abella: no será solo una convocatoria a proyectos vecinales, sino un mecanismo con recursos asignados para todo el período 2027-2030, con reglas generales para todo Maldonado y margen para que cada municipio adapte el programa a su propia realidad territorial.

La modificación presupuestal propone la reinstauración del programa y sostiene que su asignación presupuestal “no tiene precedentes”. El objetivo declarado es que la población pueda definir, priorizar y controlar el destino de una parte significativa de los recursos públicos, bajo los principios de participación, transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, equidad y universalidad.

El monto previsto se ubica en torno a $400 millones para todo el departamento y tendrá una lógica de distribución que no será ni pareja ni discrecional. La Intendencia propone tomar como referencia lo que corresponde a cada municipio, según el Literal B del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, a valores de 2026, con actualización por IPC.

Ese punto es clave porque introduce un criterio técnico para repartir los fondos. Según el documento, los valores se calculan a partir de indicadores territoriales y sociales, entre ellos población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), nivel educativo de la población de entre 25 y 65 años y densidad de población por kilómetro cuadrado.

La propuesta busca que el dinero llegue con mayor peso a territorios o grupos de población con necesidades específicas. Por eso, la normativa prioriza proyectos de inversión que atiendan sectores vulnerables o con necesidades históricas, que estén ubicados en espacios públicos departamentales y que sean de uso público para toda la comunidad.

La exposición de motivos marca, además, una prevención expresa: evitar que los recursos terminen capturados por intereses particulares o corporativos. El criterio planteado es que el Presupuesto Participativo financie iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población en general, y no propuestas cerradas dirigidas a grupos reducidos.

El funcionamiento previsto se llevará a cabo en varias etapas. Primero habrá una convocatoria pública para la presentación de proyectos. Luego, esas iniciativas pasarán por una evaluación técnica. Después, el Concejo Municipal priorizará las propuestas que quedarán a consideración de la ciudadanía y, finalmente, los vecinos votarán cuáles se ejecutarán.

El proceso no termina con la elección de los proyectos. Una comisión responsable deberá monitorear y supervisar la ejecución de las iniciativas aprobadas, mientras que cada municipio deberá difundir públicamente el estado de avance de las obras o intervenciones.

La modificación presupuestal también establece un Reglamento General para el programa, pero deja a cada municipio la posibilidad de aprobar un Reglamento Particular. Allí podrán definirse aspectos propios de cada territorio, como los montos máximos por proyecto y la forma de distribuir los recursos en cada jurisdicción.

En el esquema general del presupuesto, el Presupuesto Participativo está vinculado al lineamiento de descentralización. Ese capítulo plantea fortalecer a los municipios como unidades de gestión activa, reducir las brechas territoriales y promover la participación vecinal en la priorización de obras y servicios a nivel barrial.

La administración sostiene que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a los vecinos y, por tanto, el ámbito más adecuado para identificar necesidades locales y articular respuestas. En esa lógica, el Presupuesto Participativo funcionará como una herramienta para democratizar la asignación de recursos y dar mayor incidencia a la ciudadanía en decisiones concretas de inversión pública.

El proyecto queda ahora en manos de la Junta Departamental, que deberá analizar no solo la asignación global prevista para el programa, sino también el diseño institucional que propone el Ejecutivo para reinstalarlo durante el próximo quinquenio.