Sin título de psicóloga y con negocios sobre apartamentos ajenos: investigan a una mujer por estafas en Maldonado

De 43 años, ofrecía a familiares de reclusos de Las Rosas gestionar beneficios penitenciarios a cambio de dinero, y la Fiscalía confirmó que no está habilitada para ejercer como psicóloga. En paralelo, acumula denuncias por maniobras en alquileres y compraventas de apartamentos en Punta del Este. La investigación también alcanza a un hombre que habría participado en la captación de familiares de presos.

La mujer que se presentaba como psicóloga forense quedó en el centro de una investigación que reúne maniobras de características muy diferentes, pero con un punto en común: la utilización de una identidad o de derechos que no tenía para obtener dinero de terceros. Por un lado, ofrecía supuestas gestiones para mejorar la situación de personas privadas de libertad; por otro, aparecía denunciada por operaciones inmobiliarias con apartamentos que no le pertenecían.

Fiscalía confirmó que la mujer no cuenta con un título universitario que la habilite para ejercer como psicóloga. Sin embargo, se presentaba como profesional, afirmaba poder elaborar informes psicoforenses para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y prometía a familiares de reclusos de la cárcel de Las Rosas gestionar libertades anticipadas, prisiones domiciliarias o salidas transitorias.

Hasta ahora, cuatro familias figuran como damnificadas en esa línea de la investigación. Los montos solicitados se situaban entre US$ 2.000 y US$ 5.000. En uno de los casos, una madre entregó $200.000 bajo la promesa de que su hijo podría acceder a mejores condiciones de reclusión.

La operativa no habría dependido únicamente de ella. Según información obtenida por El Observador de fuentes de la investigación, un hombre vinculado a la mujer contactaba inicialmente a familiares de reclusos y les ofrecía la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios; posteriormente, intervenía ella como supuesta psicóloga forense. Fiscalía investiga el caso bajo las hipótesis de estafa, usurpación de título profesional y asociación para delinquir.

Ana Gabriela Coitiño, una de las primeras denunciantes, sostuvo que ese hombre es la pareja de la investigada y que se encuentra recluido en Las Rosas. “Es la misma persona porque, como su pareja está en Las Rosas, él contacta como que trabajan juntos”, afirmó.

La condición profesional que la mujer exhibía es otro de los puntos centrales del expediente. Durante el allanamiento realizado la semana pasada fueron incautados diplomas universitarios que serán sometidos a pericias ante la sospecha de que sean apócrifos, además de tarjetas identificatorias, un recetario médico, dispositivos electrónicos, un teléfono celular, dinero en moneda extranjera y una camioneta Hyundai.

Pero las dudas sobre esos títulos no comenzaron con el allanamiento. Coitiño aseguró que meses atrás presentó al Ministerio de Salud Pública fotografías de los documentos que la mujer exhibía y que recibió una respuesta del organismo. “Ya se corroboró que los títulos son falsos. Tengo la notificación del Ministerio de Salud Pública que eso es falso”, afirmó. También sostuvo que la investigada exhibía tres títulos universitarios distintos y que la Fiscalía realizó consultas ante las instituciones correspondientes.

Según la misma denunciante, el uso de esa identidad profesional no se limitaba a las gestiones relacionadas con los presos. La mujer tenía tarjetas, presencia en internet y decía trabajar vinculada a instituciones de salud. Coitiño afirmó, además, haber hablado con personas que efectivamente se atendieron con ella y que pagaron por consultas particulares.

Mientras avanzaba esa línea, también comenzaron a acumularse denuncias relacionadas con negocios inmobiliarios en Punta del Este.

Una de ellas fue presentada el 8 de septiembre ante Hechos Complejos y se refiere a un contrato de arrendamiento con opción de compra de un apartamento ubicado en la calle Enrique Castells Capurro. El perjuicio denunciado fue estimado en US$3.000 y en US$9.400.

Coitiño había acudido a la Policía varios meses antes, en abril, por una operación distinta. Según relató, la mujer le ofreció venderle un apartamento; ambas firmaron un contrato y ella entregó dinero. Después de instalarse en la unidad, comprobó que el inmueble no pertenecía a quien se lo había vendido y que la firma atribuida a una escribana en la documentación no era auténtica.

La denunciante contó que acudió personalmente a la profesional cuyo nombre figuraba en el documento y allí constató que no había firmado el contrato. También afirmó que, al ser citada posteriormente por Delitos Complejos, la investigada reconoció la situación y manifestó que realizaría una reparación económica, la cual nunca concretó.

De acuerdo con Coitiño, no se trató de un episodio aislado. Describió una modalidad en la que la mujer ingresaba a apartamentos mediante contratos de alquiler con opción de compra, dejaba de pagar los alquileres y los servicios y permanecía en las unidades hasta que sus propietarios impulsaban el desalojo. En algunos casos, según su testimonio, luego ofrecía esos mismos apartamentos a terceros, presentándose como propietaria.

La denunciante ubicó situaciones de ese tipo en al menos tres edificios de Punta del Este y sostuvo que fue contactando a otros propietarios a medida que descubría que el mecanismo se repetía. En uno de los casos, afirmó, los propietarios optaron incluso por pagar un traslado y una estadía en un hotel para lograr que la mujer abandonara el apartamento y evitar prolongar el conflicto.

A ese conjunto se suma una denuncia vinculada a alquileres temporarios, en la que una persona habría entregado más de US$1.000 tras presentarse como integrante de una inmobiliaria de Punta del Este. Ese episodio forma parte de la información que ahora procura determinarse respecto de las restantes maniobras atribuidas a la investigada.

La mujer fue detenida la semana pasada por el personal de Delitos Complejos. Durante el procedimiento presentó problemas de salud y permanece internada, por lo que aún no ha sido formalizada. La Fiscalía de Maldonado de 3.º Turno, a cargo de Ana Rosés, dispuso que quedara emplazada y prevé solicitar su formalización cuando reciba el alta médica.

El análisis de los dispositivos, la documentación y los títulos incautados deberá ahora determinar el alcance de las distintas maniobras y las eventuales responsabilidades. Fiscalía trabaja en los casos ya identificados, mientras la sucesión de denuncias permite reconstruir una operativa que habría alcanzado tanto a familias que buscaban una salida para sus parientes presos como a personas que creyeron estar contratando, alquilando o comprando inmuebles de manera legítima.