Tobillera falló y el acusado se cruzó dos veces con la víctima: ahora fue formalizado y enviado a prisión

La Justicia formalizó a un hombre de 67 años por reiterados delitos de abuso sexual agravado y dispuso que cumpla medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, en principio. La investigación señala que los hechos ocurrieron durante al menos un año y que el imputado habría utilizado amenazas con armas de fuego para garantizar el silencio de la víctima.

La Fiscalía Departamental Especializada en VBG, Doméstica y Sexual de San Carlos de 2.º turno obtuvo la formalización de la investigación para W.N.S.T., un comerciante de la ciudad de Maldonado, imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravado y de un delito de abuso sexual especialmente agravado, en perjuicio de una adolescente de 15 años.

La resolución fue adoptada en la audiencia de formalización celebrada el pasado 11 de diciembre, ante el Juzgado Letrado de Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos, a cargo de la jueza Rossana Martínez.

De acuerdo con el auto de formalización, la fiscalía imputó al hombre por hechos que habrían ocurrido de manera reiterada en el tiempo. La magistrada entendió que existían elementos suficientes para dar inicio formal a la investigación penal y adoptar medidas cautelares de máxima intensidad.

Amenazas, coerción y reiteración en el tiempo
Según los elementos incorporados a la investigación, el imputado es propietario de un almacén desde el cual habría aprovechado la relación de cercanía con la víctima, vecina del lugar, para cometer abusos reiterados durante aproximadamente un año.

Fuentes del caso señalaron a Punta News que el hombre habría utilizado amenazas con armas de fuego para amedrentar a la adolescente e impedir que denunciara los hechos, asegurándole que atentaría contra la vida de su madre y de su hermano en caso de que hablara. En el marco del procedimiento judicial, se dispuso, además, la incautación de armas vinculadas al imputado.

La investigación también establece que, durante ese período, el hombre realizaba regalos a la menor, en un contexto de manipulación y sometimiento que le permitió prolongar los abusos en el tiempo. En al menos una de las situaciones denunciadas, los hechos habrían constituido una violación, además de los abusos reiterados.

Fallas en la tobillera electrónica
Uno de los aspectos relevantes del caso se refiere al uso de un dispositivo de monitoreo electrónico que le había sido impuesto al imputado durante la investigación preliminar.

Según datos aportados a Punta News por fuentes directas del caso, la tobillera electrónica no habría funcionado correctamente durante varios meses. En ese período, la víctima denunció en dos ocasiones haberse cruzado con el imputado, pese a la medida de restricción.

Sin embargo, al no haberse activado el sistema de alerta, las denuncias iniciales no prosperaron. Recién tras casi seis meses se constató que el dispositivo no funcionaba, lo cual fue incorporado a la investigación.

Prisión preventiva y medidas complementarias
En su interlocutoria, la jueza dispuso la prisión preventiva del imputado por un plazo de 180 días, con vencimiento automático el 9 de junio de 2026, al amparo del artículo 224 del Código del Proceso Penal.

Asimismo, se ordenó comunicar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que el imputado padece hipertensión arterial y diabetes tipo II, debiendo adoptarse las medidas sanitarias correspondientes. También se dispuso la realización de una pericia médico-forense para determinar si su estado de salud resulta incompatible con la reclusión.

De forma paralela, la resolución establece la suspensión del ejercicio de la patria potestad o guarda, así como la inhabilitación para desempeñar funciones públicas o privadas en ámbitos educativos, de salud o en cualquier actividad que implique trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de dependencia, hasta que recaiga resolución definitiva.

Apelación en trámite
La defensa del imputado interpuso recurso de apelación contra la medida cautelar, el cual fue admitido sin efecto suspensivo. La causa será elevada al Tribunal de Apelaciones Penal, mientras el imputado permanece privado de libertad.

La investigación continúa en curso, bajo la órbita de la fiscalía especializada, en un caso calificado por las partes intervinientes como de extrema gravedad, tanto por la reiteración de los hechos como por el contexto de amenazas y la vulnerabilidad de la víctima.

La defensa de la víctima estuvo a cargo del Dr. Nicolás Bail Ingold y de la Dra. Pierina de la Rosa; en tanto, el imputado fue defendido por la defensoría pública.




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