Copsa 540: la audiencia dejó al chofer habilitado para conducir y golpeó a la familia de la víctima

La decisión judicial de no retirarle la libreta de conducir al chofer del ómnibus 540 de Copsa tras la audiencia de formalización, realizada este miércoles, reconfiguró el eje del caso: mientras la defensa reivindicó el derecho al trabajo, la familia de la víctima y su representación cuestionaron con dureza que, a más de tres años del siniestro fatal, el imputado pueda seguir manejando.

La audiencia realizada confirmó la imputación que Punta News había adelantado, pero dejó un punto de fricción central: el conductor, Milton Javier Mesa, continuará habilitado para conducir durante el proceso.

Como medidas cautelares por 120 días, la justicia dispuso que deberá fijar domicilio, presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente y no podrá salir del país. No hizo lugar, en cambio, al pedido de las víctimas para prohibirle manejar o retenerle la libreta.

“Se va de la audiencia con la libreta”
El abogado de las víctimas, Rafael Silva, apuntó contra la decisión y puso el foco en el riesgo que, a su entender, implica mantener al imputado habilitado para conducir, teniendo en cuenta que —según señaló— trabaja en un reparto y presumiblemente lo hace manejando.

“Quiero saber yo quién se va a hacer responsable si mañana tiene un nuevo siniestro”, planteó al cuestionar que no se haya dispuesto la incautación de la libreta ni la prohibición de conducir durante el proceso.

En ese sentido, remarcó que esa medida “es la vedette en materia de accidentes de tránsito”, en alusión a la prohibición de manejar durante la investigación formalizada.

La defensa: el derecho a trabajar
Desde la defensa del conductor, el enfoque fue el opuesto. El abogado José González defendió la decisión judicial y la vinculó directamente al derecho al trabajo de su cliente.

Explicó que Mesa actualmente se encuentra trabajando en su departamento de origen y que la retención de la libreta habría implicado impedirle continuar con su actividad laboral, en un contexto en el que —según planteó— los choferes enfrentan presiones estructurales en el sistema de transporte.

“Si se niega a viajar, pierde el trabajo”, sostuvo, al referirse a la situación de los conductores, especialmente aquellos con vínculos laborales más precarios.

En esa línea, el defensor insistió en que la responsabilidad no puede analizarse únicamente desde la conducta individual y planteó que también debe considerarse el rol de la empresa.

La familia: “que algo de ley le caiga”
Desde la familia de la adolescente fallecida, la audiencia fue recibida con una mezcla de expectativa y frustración.

“Por lo menos que algo de ley le caiga […] porque es a base de sus decisiones”, señaló la hermana de la víctima, al tiempo que cuestionó que el imputado mantenga la habilitación para conducir.

También planteó que el caso no puede reducirse a una sola responsabilidad y que la discusión debe incluir a otros actores involucrados en lo ocurrido.

Más allá de la imputación
Aunque la formalización avanzó en los términos que Fiscalía había planteado —Mesa fue imputado como presunto autor de “cuatro delitos de lesiones graves y dos delitos de lesiones personales culpables, las que concurren en régimen de reiteración formal”—, la audiencia dejó planteado un escenario más complejo que el estrictamente jurídico.

El expediente atribuye el siniestro al accionar del conductor, con base en pericias que señalan exceso de velocidad y descartan fallas mecánicas. Sin embargo, lo que emergió con fuerza tras la audiencia fue otra discusión: qué medidas corresponden cuando el hecho que se investiga está directamente vinculado a la conducción.

En ese contexto, el caso entra en una nueva etapa con un punto de tensión definido: la Justicia habilitó al imputado a seguir conduciendo, mientras las víctimas reclaman que esa misma conducta —que está en el centro de la imputación— sea, al menos durante el proceso, restringida.

A más de tres años del siniestro, la formalización marca un avance en el plano judicial, pero el caso sigue exhibiendo zonas de disconformidad entre las partes, tanto por el alcance de las medidas adoptadas como por la discusión sobre las responsabilidades.

Con la investigación en curso y la posibilidad de un juicio oral, el proceso aún puede extenderse en el tiempo, en un expediente que sigue lejos de un cierre definitivo tanto en términos judiciales como para las familias de la víctima fatal y de los lesionados.