“Pagar hurtos o estafas haciendo tortas fritas”: Blás cuestionó la salida penal agregada al proyecto de Justicia Terapéutica

Durante la sesión del Senado de este miércoles, Rodrigo Blás respaldó el plan de tratamiento para hasta 40 imputados por delitos leves con problemas de consumo de drogas. Su rechazo estuvo en lo que se agregó al proyecto: la ley vuelve a permitir que otros imputados eviten una condena si cumplen determinadas condiciones. Cumplidas esas obligaciones, se extingue la acción penal y se cancela la anotación del caso en el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales. Blás pidió que esa posibilidad se aplicara únicamente a los 40 casos del plan piloto vinculados al consumo de drogas. Advirtió que, tal como fue aprobada, también podrá alcanzar a imputados cuyos delitos no tengan relación alguna con una adicción.

Con ese punto como eje de su intervención, Blás pidió que el proyecto volviera a comisión antes de ser votado. Planteó que la posibilidad de suspender el proceso penal y evitar una condena quedara restringida a los casos comprendidos en el programa de Justicia Terapéutica, en lugar de volver a incorporarse como una salida aplicable también fuera de ese universo.

“Eso se advirtió en el Senado, fue inadvertido, no está en el espíritu de los votos. Vuélvase a corregir, hágase solamente para este proyecto”, sostuvo.

El planteo no prosperó y la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa este miércoles 26. Durante la discusión, Blás insistió en que su rechazo no estaba dirigido al tratamiento de personas que delinquen condicionadas por problemas de consumo, sino a la ampliación introducida en la misma ley.

“No vamos a acompañar el proyecto, pero queremos ser bien claros. No es que nos parezca mal el sistema que se establece para la Justicia Terapéutica, para determinadas personas con determinados problemas, pero sí nos parece mal que se aproveche este sistema para restablecer algo que fue derogado”, afirmó.

A partir de allí, centró su crítica en que la suspensión condicional del proceso vuelve al régimen penal sin quedar vinculada a la existencia de una adicción.

“Eso no tiene nada que ver con la droga. Podrá o no tener que ver. Esto es volver a instaurar, pagar hurtos o estafas haciendo tortas fritas”, sostuvo.

Después de la sesión, en un audio enviado a Punta News, Blás reiteró el mismo argumento y explicó por qué entiende que una iniciativa que comparte terminó siendo utilizada para reincorporar una solución mucho más amplia.

“Esto es bien simple. En función de un proyecto interesante que compartimos de Justicia Terapéutica, que trata de abordar un plan piloto para gente que cometa delitos leves y que tengan problemas de droga o adicciones, con un tratamiento especial, con abordaje desde el punto de vista terapéutico, médico y de reinserción, se reviven en la segunda parte del proyecto de ley lo que derogamos en la LUC”, señaló.

El senador se refirió así a la suspensión condicional del proceso, que había sido eliminada por la Ley de Urgente Consideración. En el audio recordó algunas de las formas en que, según explicó, se implementaban esas soluciones antes de su derogación.

“Ahí venía aquel que robó y pagó vendiendo tortas fritas, el otro que le reparó el auto, el otro que le hacía un muro al dañado; es decir, penas alternativas o trabajos o acciones que permitían pagar la pena”, afirmó a Punta News.

En el Senado fue más allá y definió políticamente el efecto que atribuye a la reactivación de esa posibilidad.

“Esto es, en definitiva, desprisionalizar algo que advertimos en su momento que era intención del gobierno, evitando que vayan a prisión. No es sacar de la prisión, es evitando que vayan a prisión”, dijo.

Blás volvió entonces a diferenciar ese cuestionamiento de su posición respecto del programa destinado a personas con consumo problemático.

“No me refiero al Título I, porque después no quiero confundir y que nadie diga que estaban en contra de los pobres desgraciados que sufren este problema. No es por ahí”, aclaró.

Su objeción también alcanzó la forma en que la suspensión condicional del proceso fue incorporada al proyecto y al trámite parlamentario que dio lugar a dicha modificación.

“Para solucionar y restaurar el sistema de suspensión condicional hace falta otro estudio, otro análisis”, sostuvo.

Señaló que la iniciativa pasó por las comisiones de Salud de Diputados y del Senado, pero no por Constitución y Código, mientras que allí se encuentra en análisis una reforma más amplia del Código del Proceso Penal.

“Esto pasó por las dos comisiones de Salud, la de Diputados y la de Senadores. No pasó por Constitución y Código, donde se está estudiando el CPP, donde hay otras soluciones distintas, donde se busca una solución integral”, afirmó.

Fue en ese tramo que cuestionó con mayor dureza la incorporación de la salida penal al proyecto de Justicia Terapéutica.

“Hoy, escondido en la última parte, en las últimas hojas, en un Título II, entra por la ventana una solución que generó indignación y desprotección en la gente. Es impresentable. Es impresentable”, sostuvo.

Blás afirmó, además, que el alcance de lo agregado no había sido advertido por todos los legisladores durante el tratamiento previo en la Cámara de Representantes. Recordó que el Herrerismo no acompañó el artículo 9 y sostuvo que “la mayoría no vio que esto era general y votó”.

Según explicó, fue precisamente por eso que reclamó que el Senado detuviera la aprobación y devolviera el texto a comisión.

“Vuelva a comisión, estúdiese como se tiene que estudiar, pero no dieron ese tiempo”, cuestionó.

A su entender, una vez advertido que la disposición excedía los casos vinculados a la Justicia Terapéutica, correspondía corregirla.

“No se quiso escuchar, porque en realidad lo que se quiere hacer claramente es restablecer, bajo el manto y la buena voluntad de un proyecto para 40 presos, un sistema que no está bien estudiado, que no funcionó, para todos aquellos futuros que caigan en este proceso”, afirmó.

Blás también planteó un cuestionamiento sobre la implementación de lo aprobado y su relación con los cambios previstos para el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Rendición de Cuentas.

Sostuvo que el Parlamento está atribuyendo ahora determinadas responsabilidades a la Justicia respecto de las personas formalizadas, mientras se prepara una nueva regulación que asignará competencias al INR.

“Hoy vamos a decir que de esto se ocupa la Justicia, que no se ocupa de ningún formalizado, pero acá se lo da a la Justicia. Dentro de 20 días vamos a decir que no, que se ocupa el INR, porque el INR no está integrado en este proyecto. O sea, es incoherente e inoportuno”, afirmó.

También planteó que la aplicación de una norma más benigna podría tener efectos sobre personas que actualmente se encuentran privadas de libertad.

“Y no solo para ellos, sino para más de algunos que hoy están presos y que, como la norma favorece al reo, podrá pedir que se le aplique la norma más benigna y pasará a ser torta frita o a pintar una escuela”, sostuvo.

En el audio enviado a Punta News, el senador colocó finalmente la discusión en el actual escenario de seguridad pública. Dijo que la suspensión condicional “hoy renace por el costado”, repitiendo el procedimiento anterior “sin correcciones, sin mejorarlo”, y cuestionó especialmente el momento en que se tomó la decisión.

“En un momento que creo que es el peor momento, darle en este momento de inseguridad, de miedo y de enojo ante la falta de respuesta que tiene la población, que la respuesta del gobierno sea ocuparse más de que aquellos que delinquen tengan la posibilidad de pagar el delito haciendo tortas fritas o portándose un rato bien haciendo un show en una escuela, marca que tenemos las prioridades bastante cambiadas”, afirmó.

“Tenemos una grave diferencia con este concepto del gobierno y es una muy mala señal a la gente”, agregó.

Blás sostuvo, además, que la Justicia no está preparada para volver a afrontar este tipo de soluciones y afirmó que su restablecimiento puede afectar de nuevo la confianza de la población en el sistema.

Tras su intervención, reafirmó su posición en su cuenta de X.

“En medio de la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, hoy se restablece el mecanismo que permite pagar delitos haciendo tortas fritas, pintando escuelas o realizando tareas comunitarias. La LUC lo había derogado. Buena señal para los delincuentes. Mala señal para la seguridad”, publicó.

En el mismo mensaje volvió a dejar expresamente fuera de sus objeciones a la Justicia Terapéutica: “Tratamiento, rehabilitación y control judicial son herramientas necesarias”.

Y sintetizó la diferencia entre su intervención en el Senado y las declaraciones posteriores a Punta News: “Una cosa es dar una oportunidad de rehabilitación a quien delinque, condicionado por una adicción. Otra, muy distinta, es reinstalar, con carácter general, un mecanismo para evitar la condena mediante el cumplimiento de determinadas condiciones”.