Unión y Cambio pone su sello en la modificación presupuestal con medidas de impacto en el bolsillo, la vivienda, la movilidad y la defensa del comercio barrial

El senador y líder de Unión y Cambio, Rodrigo Blás, presentó este lunes el paquete de iniciativas impulsado por el sector en la modificación presupuestal remitida por la Intendencia y que está a estudio de la comisión de Presupuesto: transporte colectivo gratuito para mayores de 70 años, un régimen de regularización para pequeños contribuyentes con deudas de Contribución Inmobiliaria, límites a la expansión de grandes cadenas mediante locales de menos de 200 metros cuadrados y un refuerzo de $4 millones anuales para ampliar los subsidios de alquiler a hogares monoparentales.

Rodrigo Blás ubicó las propuestas dentro de una discusión que, a juicio de Unión y Cambio, excede largamente un mero ajuste de números. El senador sostuvo que la modificación presupuestal que analiza la Junta es, por la forma en que fue estructurado el período, donde se están terminando de definir buena parte de las políticas que llevará adelante el gobierno departamental.

“Está en proceso el estudio de la adecuación presupuestal de la Intendencia, que en realidad, en el formato que le dio el gobierno actual, es el verdadero presupuesto. El año pasado se hizo un presupuesto base y las políticas a llevar adelante vienen en su grueso en esta adecuación presupuestal”, afirmó.

Blás dijo que Unión y Cambio comparte en términos generales la orientación planteada por el Ejecutivo, pero entendió que la instancia debía servir también para llevar al presupuesto parte de la agenda propia del sector, surgida tanto de la campaña municipal como del trabajo posterior de sus dirigentes y ediles.

“Nos parece también que es nuestra obligación y la oportunidad de agregar determinadas propuestas que hacen a lo que fue nuestra campaña municipal, a lo que es nuestro pensamiento y a lo que han ido aportando los distintos ediles y dirigentes del sector”, señaló.

Uno de los principales planteos es el denominado “Boleto Dorado”, que permitirá que las personas mayores de 70 años viajen gratuitamente en el transporte colectivo departamental.

El costo estimado es de unos US$ 600.000 por año y Blás presentó la medida dentro del concepto de “economía dorada”: políticas pensadas para una población que vive más años y que, a determinada edad, puede comenzar a perder autonomía no necesariamente por razones de salud, sino también por dificultades para trasladarse y sostener una vida social activa.

“Viene a atender desde el más pobre, que se complica para ir a buscar los remedios, para participar de cualquier convocatoria. No maneja, no camina y pagar el boleto es un tema”, sostuvo.

Blás insistió en que la propuesta no debe leerse únicamente como un beneficio económico.

“Es mantener cerca de la actividad social a gente que por su edad va quedando de costado y ese quedar de costado y no participar de la actividad diaria de nuestra sociedad también va generando una serie de problemáticas”, explicó.

Y agregó: “Estamos hablando de poder tomarte el ómnibus gratis para venir a ver el carnaval en el Campus o para escuchar a la orquesta municipal, o para ir a ver a tu nieto o nieta. Me parece que es importante y que es una de las actividades que el Estado en general y las intendencias tienen que mirar con mayor cariño: cómo, ante el cambio de que hoy la gente vive más, hacemos para que esa vida sea más activa y más participativa durante toda esa cantidad de años”.

La instrumentación concreta quedará posteriormente en manos del Ejecutivo, pero Unión y Cambio pretende que el acceso sea lo más sencillo posible y sin trámites adicionales. Blás planteó incluso la posibilidad de que la propia cédula de identidad permita acreditar la edad ante el sistema de transporte.

“Nosotros pretendemos lo máximo porque ya si le ponemos que hay que conseguir una tarjeta o un pase libre significa un trámite, una vuelta que a veces la persona mayor no se entera o no la hace”, explicó.

Otro de los cambios apunta directamente a los pequeños contribuyentes que han acumulado deudas de Contribución Inmobiliaria.

La propuesta establece un régimen especial para quienes tengan una obligación anual de hasta $25.000, tomando como referencia el monto correspondiente a enero de este año. El mecanismo contemplará descuentos, beneficios y un recálculo de la deuda con el objetivo de facilitar que esos contribuyentes puedan volver a quedar al día con la Intendencia.

El universo no es menor. “Estamos hablando de más de 30.000 deudores hoy en el departamento que van a tener la posibilidad de acceder a descuentos, a beneficios, a un recálculo de la deuda para reincluirlos en el sistema”, afirmó Blás.

El límite de $25.000 no será, además, absolutamente rígido. La comisión de tributos de la Intendencia podrá estudiar situaciones particulares que, por sus características, justifiquen recibir total o parcialmente los mismos beneficios aun cuando queden fuera de las condiciones generales.

“Siempre que uno pone un límite, y que esto tiene que ver con el valor de la propiedad, puede generar alguna injusticia. Para eso se le pretende dar a la comisión la posibilidad de estudiarlo a uno y otorgar a otros el mismo beneficio o menor, según cuál sea la situación de esa familia, de esa persona o de esa deuda”, explicó.

La tercera línea apunta al comercio de cercanía y, concretamente, a una modalidad de expansión de las grandes cadenas que Unión y Cambio entiende que amenaza la supervivencia de almacenes, autoservicios y pequeños negocios barriales.

La propuesta impide que una empresa considerada gran superficie, o una sociedad perteneciente al mismo grupo económico, abra nuevos almacenes, minimercados, sucursales o establecimientos derivados de menos de 200 metros cuadrados.

Blás dijo que el fenómeno ya se observa mediante pequeños locales dependientes de grandes supermercados instalados en balnearios o en accesos a barrios, y sostuvo que ese formato coloca al comerciante individual frente a una competencia que no se desarrolla en igualdad de condiciones.

Según explicó, no se trata de impedir la competencia ni de cerrar el mercado a nuevas inversiones, sino de evitar que una empresa sometida al régimen específico de las grandes superficies pueda extenderse mediante locales mucho menores que escapen a esas regulaciones.

“Eso destruye el pequeño almacén, el pequeño comerciante, destruye mano de obra”, afirmó al presentar la medida, y vinculó el planteo con la defensa de un entramado económico departamental históricamente sostenido también por pequeños comerciantes y cuentapropistas.

La restricción regirá para las nuevas aperturas y no afectará a los establecimientos que ya están funcionando.

“Toda ley es para adelante. O sea que el que está, está. Ahora, el que quiera instalarse y su razón social sea la misma o sea un grupo económico vinculado, ese no va a tener la posibilidad de instalar un supermercado, un almacén, un minimercado, llámalo como sea, menor a 200 metros cuadrados dentro del departamento”, precisó Blás.

Y sintetizó el concepto de la propuesta: “Sos supermercadista, dedicate al supermercado. Sos almacenero, seguí en la tuya sin que venga un supermercado a ponerte un almacén”.

El senador rechazó también una interpretación según la cual la medida podría terminar favoreciendo la instalación de supermercados de mayor tamaño. Recordó que las grandes superficies ya están sometidas a autorizaciones departamentales y nacionales y que su instalación requiere estudios específicos sobre el mercado en el que pretenden ingresar.

“Nosotros no estamos impulsando más supermercados. No se puede leer así, al contrario”, sostuvo.

“Estamos evitando que con una camioneta, tres heladeras, un cajero automático y una persona reponedora se destruya el sistema de comercio y de cuentapropistas que tiene Maldonado”, agregó.

Blás profundizó esa idea al marcar la diferencia de escala con la que compiten ambos modelos: una gran cadena puede comprar enormes volúmenes de mercadería, manejar precios a nivel nacional y soportar márgenes durante períodos prolongados, mientras que el pequeño almacenero compra cantidades muy inferiores y depende de la rentabilidad cotidiana de su negocio.

El sector también busca ampliar una herramienta destinada a hogares monoparentales que atraviesan dificultades para acceder o sostener un alquiler.

La modificación presupuestal contiene actualmente una partida de $2,7 millones anuales para esos subsidios y Unión y Cambio planteó agregar otros $4 millones por año. Según explicó Blás, ese incremento permitiría alcanzar 250 soluciones más.

El planteo parte de una realidad social que el sector ya había colocado durante la campaña departamental: familias sostenidas por una sola persona adulta, muchas veces con hijos a cargo, que deben afrontar los gastos del hogar con un único ingreso.

“Hay un padre o una madre solo con sus hijos y a veces un abuelo, y eso complica el desarrollo de esa familia, sin duda, cuando hay un solo ingreso”, señaló.

Los subsidios pueden llegar hasta $20.000 y utilizarse para cubrir una garantía, parte del alquiler o incluso su totalidad. Los equipos sociales de la Intendencia analizan la situación de cada solicitante, el inmueble y el contrato antes de definir la ayuda.

“Normalmente se da por un año y luego se ve, y normalmente no se renueva porque son impulsos mientras te vas acomodando”, explicó Blás. Aclaró además que el mecanismo no es nuevo y que la propuesta consiste en reforzar una política ya utilizada tanto a nivel departamental como nacional.

Fue más adelante, ante una consulta sobre las conversaciones mantenidas con Miguel Abella, cuando Blás precisó el grado de avance político de las iniciativas.

Sobre el Boleto Dorado, la regularización de los adeudos de Contribución y la limitación a los pequeños formatos de las grandes superficies, afirmó: “Estas iniciativas, salvo el refuerzo del subsidio, que lo hablé hoy de mañana (con Abella), se presentan en acuerdo con el intendente. Las comparte, las aprueba. Veremos si la Junta comparte también la opinión del intendente”.

En el caso del refuerzo para alquileres, explicó que, de esa conversación que se concretó antes de la conferencia, el intendente había considerado "adecuado" que fuera presentado, aunque la reasignación económica necesaria todavía deberá resolverse.

“Nos dijo que le parecía bien que lo planteáramos, pero la respuesta que hace a una reasignación económica no se la pedimos hoy al intendente; o sea que ahí sí no hay un compromiso del intendente, pero yo creo que de todas formas va a caminar”, sostuvo.

Blás aseguró que Unión y Cambio no construyó sus propuestas sobre la base de aumentar el gasto global de la Intendencia, sino identificando partidas en las que existen o pueden existir excedentes para redistribuir recursos dentro de la propia modificación.

“Nosotros no generamos mayores gastos sino que hemos detectado rubros o bolsas de rubros donde hay excedentes o donde puede haber excedentes y de ahí se redistribuye”, explicó, y recordó que solamente el Ejecutivo puede incrementar el gasto mediante un mensaje complementario.

La modificación presupuestal continúa su tratamiento en la comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones de la Junta Departamental. Según Blás, la intención que maneja la bancada del Partido Nacional es que el proyecto quede resuelto hacia fines de la próxima semana y pase al plenario para su aprobación inmediata.