Tribunal confirmó sentencia por el homicidio de Rubén Alejandro Torres: fiscalía probó el caso, condenas quedaron firmes y la familia obtuvo cierre que aguardó tres años

Punta News accedió a la sentencia definitiva de segunda instancia que ratificó la condena a 24 años de penitenciaría para los argentinos Juan Pablo Levaggi y Eduardo Fabián Capelletti por el homicidio muy especialmente agravado de Rubén Alejandro Torres. El fallo no solo confirma la responsabilidad penal sino que reconstruye, con rigor probatorio, cada tramo del itinerario criminal: desde la sustracción de la tarjeta bancaria hasta la quema del vehículo y la fuga a Argentina.

El 12 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4.º Turno dictó la Sentencia N.º 1/2026 (IUE 288-38/2025) y confirmó —con un único ajuste técnico— la condena impuesta el 28 de agosto de 2025 por la jueza de Maldonado de 11.º Turno, Dra. Sylvana García Noroya, en los autos caratulados como Capelletti, Eduardo Fabián; Levaggi, Juan Pablo. Un delito de homicidio muy especialmente agravado.

La Sala fue categórica al sostener que “se obtuvo en debido proceso la certeza probatoria legalmente requerida para atribuir la total responsabilidad a los imputados por la muerte de Torres” y ratificó que ambos deben responder como autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado.

La pena de 24 años de penitenciaría, impuesta tras el juicio oral celebrado en agosto de 2025, quedó firme.

El origen: la desaparición y el hallazgo
El 6 de febrero de 2023, Rubén Alejandro Torres (46), empleado del hotel Enjoy y residente en San Carlos, desapareció de su domicilio. Tres días después, la Jefatura de Policía de Maldonado difundió su fotografía y solicitó colaboración para ubicarlo.

El 12 de febrero, su cuerpo fue hallado en el empalme de Ruta Interbalnearia y Ruta 9. Estaba maniatado, cubierto con una sábana y en un estado avanzado de descomposición. Desde el inicio, el caso fue catalogado como homicidio.

El 19 de febrero de 2023, Punta News informó que el Laboratorio Biológico confirmó, mediante ADN, que el cuerpo pertenecía a Torres.

La reconstrucción judicial: el itinerario criminal
La sentencia de segunda instancia valida la reconstrucción efectuada en el juicio oral y detalla el recorrido de los acusados.

Según el Tribunal, quedó plenamente probado que los argentinos Eduardo Fabián Capelletti y Juan Pablo Levaggi ingresaron a Uruguay a fines de enero de 2023 y se alojaron en la casa de Torres en San Carlos.

El 6 de febrero intentaron utilizar su tarjeta de débito en un cajero del BROU en San Carlos para realizar compras, sin éxito, ya que el banco bloqueó la tarjeta por errores en el PIN. Horas después, Torres advirtió el bloqueo cuando intentó pagar en un comercio y llamó al banco.

Esa noche los tres hombres cenaron juntos en el domicilio de Torres. Entre las 22:00 y las 22:30 Torres llevó en su vehículo a un amigo, M.A., hasta Maldonado Nuevo. Fue la última vez que se lo vio con vida.

En la madrugada del 7 de febrero, Torres fue asesinado.

El Tribunal describe que “Torres fue asesinado; los imputados le maniataron las extremidades, lo envolvieron en un cubrecama y lo trasladaron en el propio vehículo de la víctima hasta Ruta Interbalnearia, donde, próximo al kilómetro 95.200, abandonaron su cuerpo, el cual fue hallado el 12 de febrero de 2023”.

Luego comenzó el tramo final del plan: el desplazamiento hacia Montevideo, la descarga de objetos sustraídos en la Terminal Tres Cruces, el retiro de las chapas matrícula y la quema del vehículo en la zona del Parque Rodó.

El Tribunal destacó que todo el periplo quedó registrado en cámaras públicas y privadas, incluyendo el intento fallido de utilizar nuevamente la tarjeta tras el homicidio .

Posteriormente, Cappelletti y Levaggi viajaron a Fray Bentos y cruzaron el puente internacional hacia Argentina.

La fuga y las extradiciones
En abril de 2023, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Punta News la detención de los sospechosos en Tolosa, partido de La Plata.

Capelletti fue extraditado en septiembre de 2023 y formalizado por homicidio especialmente agravado. Levaggi fue extraditado en octubre y formalizado como coautor.

Desde entonces, ambos permanecieron en prisión preventiva hasta el juicio oral iniciado el 5 de agosto de 2025.

El juicio oral: teoría del caso confirmada
En el juicio, la Fiscalía sostuvo que se trató de “un crimen premeditado, ejecutado con violencia y con el claro propósito de obtener un beneficio económico”.

La sentencia de segunda instancia también recoge y valida esa construcción: “En el Juicio Oral se probó plenamente la teoría del caso que propuso Fiscalía”.

La Sala fue categórica: “se obtuvo en debido proceso la certeza probatoria legalmente requerida para atribuir la total responsabilidad a los imputados por la muerte de Torres”, validando así la reconstrucción fiscal.

El Tribunal fue especialmente enfático respecto del testigo de identidad reservada, cuya declaración fue cuestionada por la defensa de Levaggi. La Sala sostuvo que no era un testigo de oídas en sentido impropio, sino que declaró lo que escuchó directamente del propio acusado acerca de cómo ocurrieron los hechos.

Además, destacó que la condena no se fundó exclusivamente en ese testimonio, sino en un conjunto de “indicios numerosos, variados, unívocos, graves, convergentes, concordantes y precisos”.

La causa de muerte y la violencia
Si bien el médico forense no pudo determinar la causa concreta debido al estado de descomposición, concluyó que se trató de una muerte violenta. El Tribunal rechazó el agravio defensivo en este punto y señaló que la imposibilidad técnica no excluye la existencia del homicidio. Las ataduras, el envolvimiento en un cubrecama y el abandono del cuerpo fueron considerados elementos concluyentes.

Las apelaciones y el rechazo
La defensa de Levaggi alegó la falta de prueba directa y la existencia de una duda razonable. La de Capelletti pidió el abatimiento de la pena y la consideración de su confesión.

La Sala rechazó los agravios y solo computó la atenuante de admisión parcial de los hechos para Capelletti, sin modificar la pena.

En cuanto al quantum punitivo, sostuvo que es “legal y adecuado” considerando la entidad de los hechos, la peligrosidad de los agentes y las pautas del artículo 86 del Código Penal.

Cierre judicial de un caso que marcó a San Carlos
El 29 de agosto de 2025, Punta News informó sobre la condena a 24 años de penitenciaría para los acusados. Hoy, con la sentencia definitiva de segunda instancia, el caso adquiere cierre jurídico.

El Tribunal dejó establecido que hubo método, coordinación, aprovechamiento de la confianza de la víctima, violencia extrema, sustracción de bienes, ocultamiento del cuerpo, destrucción de evidencia y fuga internacional.

Tres años después del hallazgo en la Interbalnearia, la justicia confirmó que no hubo dudas razonables: hubo homicidio muy especialmente agravado, responsabilidad plena y una pena que, para el Tribunal, es proporcional a la gravedad del hecho.

En la arquitectura del caso, la investigación dirigida por el fiscal de 1.º Turno de Maldonado, Dr. Sebastián Robles, resultó determinante para transformar indicios dispersos en una prueba judicial sólida. Desde las primeras actuaciones tras el hallazgo del cuerpo, el equipo fiscal articuló el trabajo con la Policía Científica, Hechos Complejos e Interpol, consolidando una línea investigativa que integró registros de videovigilancia, pericias forenses, trazabilidad bancaria, reconstrucción del recorrido del vehículo de la víctima y testimonios clave, incluidos los que permitieron ubicar a los imputados en las horas previas y posteriores al crimen.

Esa estrategia —que ya había sido adelantada durante el juicio cuando la Fiscalía sostuvo que demostraría un “crimen premeditado, ejecutado con violencia y con el claro propósito de obtener un beneficio económico”— fue finalmente validada por el Tribunal, que concluyó que en el proceso “se obtuvo en debido proceso la certeza probatoria legalmente requerida para atribuir la total responsabilidad a los imputados por la muerte de Torres”, consolidando así el andamiaje probatorio construido por la Fiscalía a lo largo de toda la causa.

Tres años después de aquella noche en la que la confianza terminó convertida en trampa mortal, la sentencia definitiva no solo fija una pena, sino que fija una verdad judicial. Describe el aprovechamiento de la hospitalidad, la violencia ejercida para obtener dinero, el intento de borrar huellas con fuego y la fuga calculada hacia otro país.

Pero también deja constancia —aunque no lo diga en esos términos— de la persistencia de una familia que nunca dejó de exigir respuestas y de una investigación que sostuvo el caso hasta convertir indicios en certeza.

La confirmación de la condena no devuelve a Ruben Alejandro Torres, trabajador de Enjoy, pero sí clausura el margen de duda sobre cómo y por qué fue asesinado.