Agua: OSE admite superaciones de trihalometanos y la oposición acusa "doble vara" en la calidad

Durante una comparecencia de más de once horas en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes, autoridades del Ministerio de Ambiente, OSE y URSEA defendieron la gestión del sistema de agua potable durante el verano y relativizaron los episodios de calidad registrados, en una sesión atravesada por cuestionamientos de la oposición sobre los parámetros medidos, el cambio de criterio respecto a 2023 y el modelo de abastecimiento.

El intercambio dejó expuesto el punto más sensible del debate: la calidad del agua y, en particular, los niveles de trihalometanos, en un contexto en el que el gobierno sostuvo que se trató de eventos puntuales bajo control, mientras que legisladores opositores advirtieron que los indicadores muestran que “no estamos en una situación ideal”.

Un inicio con cruces y advertencias sobre la sesión
La tensión se instaló desde el inicio. El diputado nacionalista por Maldonado, Federico Casaretto, cuestionó la dinámica de trabajo y advirtió sobre exposiciones extensas que limitaran el espacio de preguntas.

“No queremos que vuelva a suceder lo que ha pasado otras veces: presentaciones tan maratónicas que insumen todo el tiempo de la reunión”, señaló y agregó que, de ser necesario, la oposición se reservaría “el derecho de volver a convocar a la delegación”.

El planteo derivó en cruces con legisladores oficialistas sobre el alcance del debate. El diputado Sebastián Valdomir sostuvo que “esta Comisión no es el ámbito para entrar en el terreno de calificar o no” e instó a concentrarse en preguntas concretas para las autoridades.

El clima se tensó en varios pasajes de la sesión, con interrupciones, discusiones sobre el uso de la palabra e incluso cuestionamientos directos entre legisladores.

El eje del gobierno: no falta agua, falta infraestructura
En el plano técnico, el gobierno buscó encuadrar el problema hídrico.

La directora nacional de Aguas, Teresa Sastre, afirmó que Uruguay no enfrenta una limitación de disponibilidad, sino un déficit en la capacidad de regulación del sistema.

“No se puede decir, de ninguna forma, que la cuenca del Santa Lucía tenga […] un problema estructural de disponibilidad de agua; lo que tiene es un problema estructural de falta de obras de regulación”, sostuvo.

El planteo se apoyó en la idea de que la cuenca genera un volumen suficiente, pero con una distribución temporal que exige capacidad de almacenamiento para sostener el abastecimiento durante períodos de déficit.

Trihalometanos: el eje donde se cruzan técnica y política
El punto de mayor tensión se concentró en los parámetros de calidad del agua, en particular en los trihalometanos, que habían sido el eje de la crisis hídrica de 2023.

Desde el gobierno se reconoció que durante este verano se registraron eventos con presencia de estos compuestos, asociados a condiciones de sequía, al aumento de la materia orgánica y a cambios en la calidad del agua bruta.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, señaló que se trató de “eventos de calidad de agua con presencia de manganeso, incremento de materia orgánica, de bromuros y trihalometanos”, y afirmó que fueron “eventos puntuales ya superados”.

En la misma línea, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, sostuvo que “OSE cumple con la totalidad de los parámetros exigidos”, aunque admitió que “la excepción, eventualmente, en la temporada estival, puede corresponder a los trihalometanos”, cuyos valores “históricamente superan los establecidos” y que actualmente están “en vías de corrección”.

Ese enfoque fue cuestionado por el diputado Federico Casaretto, quien planteó un cambio en la interpretación política de estos indicadores respecto de la crisis anterior.

“Parece que los parámetros que afectan la calidad del agua se miden con una vara cuando se es gobierno y con otra cuando se es oposición”, afirmó.

En la misma línea, agregó que “los trihalometanos eran malísimos y perjudiciales para la salud […] y que ahora, cuando los valores aumentan, no tienen ningún tipo de efecto”.

Además, advirtió que “en los meses de febrero y marzo, casi el 90 % de las muestras no dieron conformidad”, por lo que “no estamos en una situación ideal”.

Calidad del agua y controles: cuestionamientos a la regulación
Durante la sesión, legisladores de la oposición también pusieron en duda el funcionamiento de los mecanismos de control.

Se planteó la necesidad de conocer con precisión las mediciones de OSE y URSEA, y de establecer si existen sanciones o protocolos en caso de incumplimiento. En ese sentido, se cuestionó que, pese a que el agua cumplía formalmente con la normativa, “el agua que llegaba a las casas tenía color, olor y sabor feos”, y se reclamó “tener información limpia” para evaluar el sistema.

Casupá, Arazatí y la disputa por el modelo
La discusión sobre la calidad del agua se proyectó sobre el modelo de abastecimiento.

El gobierno defendió su estrategia basada en obras de regulación, incluida la represa de Casupá y la reformulación del proyecto Arazatí.

Desde la oposición, en cambio, se cuestionó esa orientación y se insistió en la necesidad de diversificar las fuentes.

“Se está insistiendo en una única fuente de agua potable […] teniendo una alternativa, este no debe ser el camino que el Estado uruguayo recorra”, afirmó el diputado Casaretto.

En esa línea, se planteó que el gobierno no ha explicado por qué descarta otras opciones.

“Nadie ha dicho […] cuál es la razón por la que el gobierno se ha negado sistemáticamente a abordar una segunda fuente de agua”, afirmó el representante blanco de Maldonado, en referencia a alternativas como la captación del Río de la Plata.

Otros legisladores reforzaron ese enfoque y volvieron a insistir en la necesidad de evaluar alternativas estructurales fuera de la cuenca del río Santa Lucía.

Un debate atravesado por el antecedente de 2023
A lo largo de la comparecencia, el antecedente de la crisis hídrica de 2023 estuvo presente de manera constante, tanto en la defensa del gobierno como en los cuestionamientos de la oposición.

Mientras el oficialismo insistió en que la situación actual “dista de compararse” con la de ese año, la oposición utilizó ese antecedente para cuestionar el cambio de postura en la evaluación de los indicadores de calidad.

Un modelo en discusión
Más allá de los episodios concretos, la sesión dejó planteada una discusión de fondo en torno a tres niveles: la gestión técnica del sistema en contextos de estrés hídrico, la interpretación política de los datos de calidad y el modelo de abastecimiento a futuro.

El gobierno buscó instalar la idea de que el problema es estructural y requiere inversiones en infraestructura y en planificación a largo plazo.

La oposición, en cambio, cuestionó tanto el diagnóstico como las decisiones adoptadas y advirtió sobre inconsistencias entre el discurso actual y las posiciones sostenidas durante la crisis anterior.

Calidad, modelo y control: el eje del debate que dejó la comisión
La comparecencia no dejó una síntesis única, sino un mapa de tensiones.

Por un lado, el gobierno defendió la gestión del sistema, reconoció episodios de calidad y buscó encuadrarlos como eventos puntuales dentro de un problema estructural vinculado a la falta de infraestructura de regulación.

Por otro lado, la oposición cuestionó tanto los datos como su interpretación, puso el foco en los niveles de no conformidad registrados durante el verano y advirtió sobre un cambio de criterio respecto a la crisis de 2023, especialmente en relación con los trihalometanos y otros parámetros de calidad.

A eso se sumó la discusión de fondo sobre el modelo de abastecimiento: la apuesta del gobierno por obras como Casupá y la reformulación de Arazatí frente al planteo opositor de avanzar en una segunda fuente alternativa, como la captación desde el Río de la Plata.

En ese cruce —entre episodios de calidad, control del sistema y decisiones estructurales— la sesión dejó expuesto que el debate sobre el agua en Uruguay está lejos de saldarse y que las definiciones de fondo, tanto técnicas como políticas, siguen abiertas.